Cuba registró en noviembre un notable incremento de presos políticos. Según datos de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, ocurrieron 34 nuevas detenciones en ese mes, elevando la cifra total a 1.148 arrestados por estar en desacuerdo con el régimen castrista.
Este aumento, divulgado en un informe con motivo del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, evidencia una escalada represiva que ahora afecta a la población común, no solo a activistas.
De los 34 nuevos presos políticos, 30 fueron arrestados durante las recientes manifestaciones en la Isla, motivadas por la falta de servicios básicos como agua y electricidad.
La mayoría de las detenciones ocurrieron en la provincia de Villa Clara, donde 17 personas terminaron bajo custodia. Otros detenidos se localizaron en Ciego de Ávila (3), Camagüey (2), Santiago de Cuba (7) y Pinar del Río (1).
🔴Ola de detenciones en manifestaciones dispara en #Cuba la cifra de prisioneros políticos a 1.148 en noviembre con 34 nuevos:
– 33 menores
– 128 mujeres
– 650 con patologías médicas graves
– 70 con trastornos graves de la salud mental
– 4 muertes en prisión política en un año… pic.twitter.com/RTR9CXkq9S— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) December 11, 2024
El informe también denuncia la muerte de cuatro prisioneros políticos en el último año, reflejo de la brutalidad del régimen cubano contra quienes están bajo su custodia. En el documento igual se destacan los constantes actos de tortura, la pésima alimentación y la negación de atención médica hacia los referidos detenidos.
En la lista de prisioneros también se denuncia que 30 menores de edad siguen bajo custodia por el gobierno cubano. De ellos, 28 están cumpliendo sentencia, mientras que 2 aún enfrentan procesos penales bajo medidas cautelares, sin contar con una adecuada tutela judicial.
En su informe más reciente a Naciones Unidas, el régimen cubano reconoció la validez de estas cifras. Sin embargo, este dato no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir completamente sus condenas.
En Cuba, los menores detenidos son recluidos en instalaciones que funcionan como prisiones, aunque se presentan eufemísticamente como “Escuelas de Formación Integral”. Estas instituciones no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior, lo que refleja su verdadero carácter penitenciario.
En paralelo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó 253 acciones represivas en noviembre, incluyendo 89 detenciones arbitrarias y 164 abusos adicionales, como cercos a viviendas de activistas, citaciones policiales, hostigamientos y multas. Estas prácticas se concentraron mayormente en La Habana, Matanzas y Villa Clara, afectando principalmente a presos políticos, reclusos comunes y sus familias.
El OCDH también habló de la alarmante situación que vive el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Según Nelva Ortega, esposa de este activista, él llevaba un año y cuatro meses en aislamiento, antes de una reciente visita conyugal.
La mujer también denunció que el opositor carece de atención médica adecuada y pidió la intervención urgente de la comunidad internacional para salvar la vida de su pareja, quien también ha sido víctimas de golpizas.
