Autoridades de Miami-Dade arrestaron a una cubana de 49 años, identificada como Marileydis Gómez, por ser sospechosa de operar una casa de recuperación ilegal para pacientes de cirugía estética en el oeste del condado.
Según Local 10, también pusieron arrestaron a Lázaro González Bordao, de 51 años, por ser parte de la operación del establecimiento conocido como Diamond Post Care Recovery Home. Un tercer sospechoso, bajo el nombre de Yaiset Delpino Gómez, de 30 años, se encuentra prófugo.
El centro está ubicado en la esquina de Southwest 75th Avenue y Florida Boulevard, específicamente fuera de los límites de la ciudad de Miami. El lugar tenía licencia como negocio, pero no contaba con la autorización necesaria para operar como un centro de vida asistida.
Las autoridades realizaron un allanamiento ayer miércoles y descubrieron a cuatro pacientes en el lugar, junto con un empleado que aseguró que Gómez le pagaba solo 14 dólares por hora en efectivo para brindar atención. Los pacientes, por su parte, pagaban 300 USD por noche para recuperarse en la casa.
Durante el allanamiento, los agentes encontraron botes de basura llenos de insumos médicos desechados ilegalmente. Entre los residuos había objetos contaminados con materia fecal humana, sangre y orina, lo que representaba un peligro biológico real para la salud pública.
Gómez enfrenta múltiples cargos por operar un centro de vida asistida sin licencia, tirar basura, eliminar ilegalmente residuos peligrosos y no rastrear residuos biomédicos. Asimismo, se le acusa de causar molestias perjudiciales para la salud.
Aunque no se ha confirmado la naturaleza de los cargos contra González Bordao, su arresto también está relacionado con la operación ilegal del centro. Además, la foto policial de este hombre aún no estaba disponible en los registros del condado.
En Florida, operar una casa de vida asistida sin licencia es un delito grave de tercer grado, según la Sección 429.08 de los Estatutos de Florida. Esto implica que quienes mantengan estas instalaciones ilegales enfrentan sanciones conforme a los estatutos 775.082, 775.083 o 775.084. Cada día que el establecimiento funcione sin licencia es considerado una infracción separada.
Si una persona reincide en operar un centro no licenciado, el delito se eleva a segundo grado, lo que conlleva penas más severas. Además, si la instalación continúa operando después de recibir una notificación oficial, la persona puede ser procesada nuevamente por un delito grave de tercer grado.
Las autoridades estatales han intensificado sus esfuerzos para sancionar estas actividades ilegales, debido a los riesgos que representan para los residentes. Las sanciones incluyen penas de prisión, multas y posibles acciones civiles, por lo que es crucial que las casas de vida asistida obtengan la debida licencia de la Agencia de Administración de Atención Médica (AHCA).
