El cubano deportado a Esuatini, África, por el gobierno de Estados Unidos, Roberto Mosquera, podría nunca dejar la prisión de máxima seguridad donde se encuentra recluido, pese a no tener ningún cargo criminal en contra.
Roberto Mosquera del Peral llevaba más de cuatro décadas en EEUU cuando agentes de inmigración lo detuvieron durante un control rutinario y lo enviaron a una prisión de máxima seguridad en Esuatini, en el sur de África.
El cubano, que llegó al país con 12 años durante el éxodo del Mariel, había formado allí una familia, trabajado durante años como plomero y reconstruido su vida después de cumplir condenas por delitos cometidos cuando era joven.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump lo presentó públicamente como un peligroso criminal y terminó deportándolo a un país con el que no tenía ningún vínculo.
Mosquera fue detenido en junio de 2025 cuando acudió a una cita migratoria para renovar su permiso de trabajo. Un mes después fue enviado a Esuatini junto con otros cuatro hombres de distintas nacionalidades.
La administración estadounidense había afirmado que se trataba de delincuentes especialmente peligrosos cuyos países de origen se negaban a recibirlos.
En el caso de Mosquera, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional llegó a afirmar que había sido condenado por homicidio en primer grado, cuando los registros judiciales muestran que su condena original fue por intento de homicidio.
El hecho ocurrió en 1988, cuando Mosquera tenía 18 años y estaba vinculado a una pandilla de Miami. Según los registros citados por medios estadounidenses, aceptó un acuerdo de culpabilidad después de que un hombre resultara herido de bala en una pierna durante un enfrentamiento entre pandillas.
Mosquera recibió una condena de nueve años y recuperó su libertad en 1996. Posteriormente volvió a prisión por otros delitos, entre ellos robo de vehículos y agresión a un agente de la ley, pero terminó cumpliendo esas condenas.
Su hija Mónica ha defendido públicamente a su padre y ha explicado que, después de cumplir sus condenas, Mosquera cambió de vida, se casó, tuvo cuatro hijas, se convirtió en cristiano y trabajó durante años como plomero.
Ella cuestionó la caracterización de Mosquera como un criminal peligroso, afirmando que tenía un trabajo estable, pagaba impuestos y llevaba años sin siquiera multas de tránsito.
El caso adquirió otra dimensión después de su llegada a Esuatini. Mosquera fue recluido en el complejo penitenciario de Matsapha sin que se le imputara un nuevo delito en ese país.
Durante meses tuvo dificultades para acceder a asistencia legal y, en octubre de 2025, inició una huelga de hambre para protestar por su situación. Más de tres meses detenido sin cargos ni acceso adecuado a un abogado.
El caso tampoco terminó con una liberación inmediata. En abril de 2026, la Corte Suprema de Esuatini reconoció el derecho de Mosquera y otros deportados a reunirse con un abogado, después de meses de restricciones para recibir asistencia legal presencial.
La situación de Mosquera forma parte de una política de deportaciones a terceros países mediante la cual la administración Trump ha enviado migrantes a lugares con los que no tienen vínculos.
En estos casos, la etiqueta de “criminal” se ha convertido en un elemento central de la justificación oficial. Sin embargo, verificaciones independientes han encontrado discrepancias entre las descripciones oficiales y los antecedentes reales de algunos deportados.
PolitiFact, por ejemplo, documentó que varias personas presentadas por autoridades como parte de los “peores criminales” no correspondían exactamente con esa descripción.
El caso de Mosquera muestra además cómo un antecedente menor cometido décadas atrás puede volver a utilizarse como fundamento para expulsar a una persona que ya había saldado su deuda con la sociedad y construido toda su vida adulta en EEUU.
Su deportación no significó simplemente regresar a Cuba: terminó en una prisión africana, lejos de su familia, sin vínculos con Esuatini, sin dinero, sin hablar el idioma, con riesgos de salud y seguridad, y todo después de décadas de residencia en el país norteamericano.
Para sus familiares, el problema no es únicamente la deportación, sino el destino al que fue enviado y la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá allí.
La abogada de Mosquera ha cuestionado que EEUU lo haya trasladado a un país tan alejado de su vida familiar y ha denunciado la falta de garantías legales durante el proceso.
El caso también expone uno de los aspectos más controvertidos de la política migratoria de Trump: cuando la expulsión directa al país de origen no es posible, Washington puede recurrir a terceros países, mientras los antecedentes penales —incluso aquellos que datan de décadas atrás y que ya fueron sancionados— sirven para presentar al deportado como una amenaza.
Para Mosquera, esa política terminó convirtiendo una antigua condena cumplida en el argumento para enviarlo a una prisión situada a miles de kilómetros del lugar donde construyó su vida.
