Un cubano que fue deportado a Cuba logró regresar a Estados Unidos por la vía legal tras una estrategia de una abogada de inmigración. El juez determinó que su expulsión violó una orden que impedía sacarlo de la jurisdicción mientras seguía abierto su proceso migratorio.
Así lo comentó la abogada Elizabeth Amarán en el programa de Juan Manuel Cao. Ella representó la defensa del cubano en el caso de habeas corpus y, al exponer los argumentos ante un juez, se dictó sentencia favorable al migrante.
Amarán calificó el caso como excepcional y advirtió que no debe verse como una vía automática para otros migrantes en situaciones similares. Explicó que el regreso debe ser ejecutado por el propio gobierno de Estados Unidos, incluido el traslado.
También señaló que, al momento de la entrevista, se negociaba la posibilidad de que el cubano recibiera un parole al reingresar.
La abogada indicó que ese parole podría permitirle salir en libertad después del proceso de admisión correspondiente. No obstante, insistió en que el migrante aún debe enfrentar trámites, entrevistas y decisiones pendientes.
Para Amarán, el caso demuestra la importancia de agotar las vías legales, incluso en un escenario migratorio marcado por detenciones, deportaciones y temor.
El recurso de habeas corpus fue clave para que un juez federal revisara la autoridad de detención sobre el cubano. Esa herramienta legal no garantiza por sí sola la liberación de una persona, pero puede obligar a una corte a examinar si el gobierno actuó dentro de los límites legales. En este caso, la defensa sostiene que la deportación contradijo una orden vigente.
La situación se produce en medio de un endurecimiento migratorio que, según Amarán, incluye revisión de beneficios como residencias, ciudadanías y solicitudes pendientes. La abogada aclaró que revocar una residencia permanente no es un trámite simple, porque el gobierno debe presentar argumentos ante un juez.
En el caso de la ciudadanía, las causas deben ser más graves, como fraude comprobado, terrorismo u omisiones relevantes.
Amarán afirmó que la política migratoria actual también ha generado un clima de miedo entre los migrantes. A su juicio, ese temor ha llevado a muchas personas a autodeportarse antes de enfrentar una posible detención. La abogada consideró que el pánico funciona como una herramienta de presión y no necesariamente como una muestra de orden legal.
Durante la entrevista, la abogada mencionó otros casos atendidos por su equipo. Uno de ellos fue el de un pelotero cubano con el formulario I-220A que permaneció casi un año detenido. La corte de inmigración se había negado a concederle fianza por un problema de jurisdicción. Tras presentar un habeas corpus, un juez ordenó que se atendiera la solicitud en un plazo de 24 horas.
También relató el caso de Ricardo y Rosario, una pareja cubana que entró a Estados Unidos mediante CBP One y contaba con parole por dos años. Ambos esperaron siete meses en México, acudieron a sus cortes, presentaron su solicitud de asilo dentro del plazo y no tenían antecedentes criminales. Pese a ello, fueron detenidos al salir de una audiencia migratoria.
La pareja permaneció cerca de siete meses y medio en un centro de detención, separada en áreas distintas. Durante ese tiempo perdió su vivienda, empleo, automóvil y pertenencias.
Amarán explicó que estos casos muestran la vulnerabilidad de personas que cumplieron con los pasos establecidos, pero quedaron atrapadas en una política que castiga incluso a quienes siguieron los procedimientos. Para la abogada, el sistema debe distinguir entre quienes representan un riesgo real y quienes se presentaron ante las autoridades para pedir protección legal.