Un ciudadano cubano que intentó regresar voluntariamente a su país terminó detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos después de que el gobierno de Cuba le negara la entrada en el aeropuerto de La Habana. El caso salió a la luz mediante una resolución judicial emitida el 21 de octubre de 2026 por un tribunal federal de Florida.
El protagonista es Carlos Alberto Saez Gonzalez, quien el 10 de abril de 2026 viajó a Cuba con la intención de abandonar Estados Unidos por su propia voluntad. Sin embargo, las autoridades cubanas le impidieron ingresar al territorio nacional, según recoge el documento judicial del Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida.
Tras regresar a Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revocó su libertad bajo supervisión y lo detuvo. Posteriormente, la agencia planteó deportarlo a México, pero el tribunal constató que no había realizado ningún intento de ejecutar esa expulsión.
Cuba le niega la entrada y Estados Unidos plantea deportarlo a México
Saez Gonzalez llegó a Estados Unidos el 16 de junio de 1988. En abril de 2008 recibió una condena penal y una orden de deportación. Después de salir de prisión en noviembre de 2012, pasó a custodia migratoria hasta que ICE autorizó su libertad bajo supervisión el 13 de febrero de 2013.
Durante más de una década permaneció bajo ese régimen. Su situación cambió cuando decidió regresar a Cuba en abril de 2026, pero las autoridades de La Habana rechazaron su entrada. La resolución no precisa los motivos de esa negativa.
El 16 de abril, ICE le notificó su intención de enviarlo a México. El inmigrante manifestó estar dispuesto a colaborar, aunque la deportación no se materializó.
La situación contrasta con las operaciones regulares de repatriación. En febrero de 2026, Cuba aceptó a seis deportados con antecedentes penales procedentes de Estados Unidos, una decisión que representó un cambio respecto a restricciones anteriores.
Asimismo, en marzo, otros 117 migrantes cubanos fueron deportados en un vuelo directo a La Habana. Estos antecedentes muestran que las repatriaciones continúan, aunque la aceptación de determinadas personas sigue presentando dificultades.
La posibilidad de trasladar a cubanos hacia México también ha generado litigios. En septiembre trascendió que ICE llevó a un emigrante del Mariel hasta la frontera mexicana y le indicó que cruzara, un procedimiento que fue cuestionado por una jueza federal.
Jueza de Florida cuestiona la detención del cubano y ordena una revisión en 30 días
La jueza federal Sheri Polster Chappell determinó que no existe una probabilidad significativa de que Saez Gonzalez pueda ser deportado en un futuro razonablemente próximo.
Para llegar a esa conclusión, consideró tanto el rechazo de las autoridades cubanas como la falta de gestiones efectivas para trasladarlo a México. Además, señaló que el gobierno estadounidense no presentó pruebas suficientes para refutar los argumentos del detenido.
La decisión aplica los principios establecidos por la Corte Suprema estadounidense en el caso Zadvydas contra Davis, que limita las detenciones migratorias prolongadas cuando una deportación no resulta razonablemente previsible.
Sin embargo, la magistrada no ordenó su liberación inmediata. Debido a sus antecedentes penales, concedió a ICE un plazo de 30 días para evaluar si representa un peligro para la comunidad que justifique mantenerlo detenido.
Después de esa evaluación, el gobierno tendrá siete días para informar al tribunal sobre los resultados y cualquier avance relacionado con su deportación.
El fallo se suma a otras decisiones recientes. En Nevada, una jueza ordenó liberar a otro cubano ante la falta de perspectivas reales de deportación. En Texas, un inmigrante cubano recuperó su libertad después de ocho meses bajo custodia de ICE mediante un hábeas corpus.
Otro cubano, Josue Álvarez, recibe una resolución judicial similar en Florida
El mismo 21 de octubre, la jueza Chappell emitió una segunda resolución relacionada con Josue Alvarez, otro ciudadano cubano cuya deportación considera improbable a corto plazo.
Según el expediente judicial de Alvarez, el hombre ingresó a Estados Unidos en 1995 mediante un permiso de entrada conocido como parole.
Tras una condena en 2014, recibió una orden definitiva de deportación en febrero de 2016. Como las autoridades estadounidenses no pudieron ejecutarla, quedó bajo supervisión migratoria. Posteriormente, fue condenado nuevamente en 2022.
En enero de 2026 fue arrestado por la policía local por presunta resistencia a un agente y merodeo. ICE revocó su supervisión y volvió a detenerlo el 22 de marzo.
La jueza señaló que el gobierno no había demostrado una posibilidad real de repatriarlo y que, en sus circunstancias, tampoco existía un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba que facilitara su devolución.
No obstante, al igual que en el caso de Saez Gonzalez, ordenó a ICE revisar en 30 días si sus antecedentes penales justifican mantenerlo detenido por razones de seguridad pública.
Ambas peticiones de hábeas corpus permanecen pendientes de resolución definitiva. Las decisiones del 21 de octubre no eliminan las órdenes de deportación ni disponen la excarcelación inmediata de ninguno de los dos cubanos.
