Demandan a Airbnb por tener en su catálogo una propiedad confiscada por el régimen castrista

La plataforma de reservaciones en línea tiene más de 1.000 alojamientos publicitados en La Habana. (Foto © Periódico Cubano)

Una nueva demanda bajo el marco de la Ley Helms-Burton trascendió la víspera en Florida, cuando un médico residente en el estado del Sol interpuso una demanda contra Airbnb, acusando a la reconocida plataforma de alquiler vacacional de beneficiarse ilegalmente de una propiedad confiscada por el régimen de Fidel Castro en La Habana, sin indemnización alguna a su familia.

Este caso, iniciado el pasado lunes en el tribunal del distrito central de Florida, en Orlando, podría marcar un hito al ser probablemente la primera acción legal que denuncia “tráfico” con propiedades residenciales en la Isla. Las anteriores demandas que se habían presentado estaban dirigidas a cadenas hoteleras internacionales que construyeron sobre tierras expropiadas.

Ahora Airbnb debe lidiar con la demanda por publicitar el alquiler de un edificio de seis departamentos en el barrio habanero de Marianao que originalmente era propiedad de miembros de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño.

Como pruebas, la parte acusatoria presenta la evidencia de que, en 1970, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó la reclamación de Parreño sobre un tercio del terreno y el edificio, valorados en ese momento en $547,365.24.

En la actualidad, Javier García-Bengochea, primo del fallecido Alberto Parreño, y legalmente administrador de su patrimonio, presenta la demanda. En la carpeta judicial se dice que Airbnb continuó anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022, a pesar de ser advertidos. Por lo tanto, se acusa a la empresa estadounidense de “traficar con la propiedad de manera consciente, voluntaria, intencional y continua”.

García-Bengochea es un reconocido neurocirujano cubanoamericano residente en Jacksonville, quien tiene un largo historial por la defensa de las propiedades confiscadas por el régimen castrista después de 1959. Ha presionado activamente al Congreso de Estados Unidos y a varias administraciones para hacer cumplir una disposición de la Ley Helms-Burton de 1996, también conocida como Ley Libertad, que permitiría demandar a empresas con negocios en Cuba por “traficar con propiedad confiscada”.

Airbnb comenzó a operar en Cuba en 2015, en un momento de acercamiento diplomático bajo la administración de Barack Obama; pero ahora este caso pone de relieve los riesgos y desafíos de hacer negocios en contextos jurídicos complejos que después de tantos años no han sido resueltos.

Analistas advierten que, si la demanda del neurocirujano tiene un resultado favorable, pudiera ser el inicio de más disputas legales contra Airbnb, que solo en La Habana tiene más de 1.000 propiedades listadas para alquiler en su plataforma.