Deniegan fianza a joven discapacitado detenido tras las protestas del 11J

Edelmer Góngora enfrenta tres cargos por protestar contra el gobierno cubano. (Collage: Ivette Leyva – Facebook)

El gobierno cubano negó una fianza para que salga en libertad el joven con discapacidad Edelmer Góngora, detenido por participar en una de las recientes protestas pacíficas contra la continuidad del comunismo en la Isla.

El joven, residente en la provincia de Holguín, desde hace más de 20 días se encuentra recluido sin poder recibir la visita de familiares, y acusado de los delitos de “desobediencia”, “atentado” y “propagación de epidemia”.

Góngora padece una enfermedad conocida como exostosis múltiple, que provoca un crecimiento inusual en los huesos y la aparición de tumores. Esto le impide caminar bien y, además, presenta una deformidad en sus manos.

Según una denuncia de Ivette Leyva, el joven se contagió de sarna en la prisión y ahora tiene toda la espalda quemada.

Su caso es muy preocupante porque él mantenía a sus padres, también con enfermedades graves, por medio de la venta de viandas y vegetales en su carretilla en la loma del barrio La Quinta. El padre también padece exostosis múltiple y fue víctima de un derrame cerebral; mientras que su madre tiene EPOC y cuadros depresivos.

“¿Qué justificación puede haber para que no haya un mínimo gesto de humanidad con una persona discapacitada y enferma?”, cuestionó Leyva.

La cubana dijo también que las autoridades comunistas habían confiscado la carretilla de Góngora hace un tiempo atrás.

Esta semana se volvió a denunciar la detención del joven Christopher Lleonart Santana, de 14 años, quien presenta un ligero retraso mental y se encuentra recluido en “el combinadito”, donde recibe severas golpizas.

Su madre, Naika Rosas Santana, asegura que Lleonart Santana no está recibiendo sus medicamentos y llora mucho.

Personas con discapacidad, deportistas, activistas y periodistas son parte de las miles de personas que fueron arrestadas tras un estallido social inédito en la era comunista de la Mayor de las Antillas.

Prisoners Defenders señala en su más reciente informe que entre 2.000 y 8.000 personas fueron privadas de su libertad en una ola de detenciones arbitrarias que desató el régimen tras las manifestaciones.

La organización, con sede en Madrid, España, informó que el número de presos políticos en la Isla aumentó en un lapso de 20 días, detectando crímenes de lesa de humanidad contra los detenidos por el 11J.

Los arrestados están siendo víctimas de juicios sumarios colectivos, en los que podrían recibir condenas de hasta 20 años de prisión.