Denuncian operativo militar durante el juicio de Andy García Lorenzo por el 11J

El juicio del preso político Andy García Lorenzo inició este 10 de enero en medio de un operativo militar alrededor del Tribunal Provincial de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara.

Los familiares de Andy reportaron que al llegar a la sede judicial este lunes, oficiales uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), así como miembros de las tropas especiales y paramilitares, se encontraban rodeando el edificio.

De igual manera, reportan la presencia de agentes de la Seguridad del Estado disfrazados como civiles también haciendo guardia en la sede, cuyo perímetro estaba delimitado con cinta.

Jonatan López Alonso, pareja de Roxana Díaz, hermana de García Lorenzo, mostró en su muro de Facebook una cámara de vigilancia recién ubicada en un poste frente al lugar. La cámara, instalada en medio de la crisis económica en la Isla, se encontraba orientada hacia el grupo que, desde la acera de enfrente, esperaba la conclusión de la vista oral.

Según López Alonso, el operativo era para “vigilar e intimidar a las familias de los presos del 11J que serán juzgados en el mencionado lugar hoy. ¡Para esto no hay bloqueo yankee!”.

En fotos compartidas por los asistentes al juicio se aprecia que en el sitio estaban, además de la familia, el opositor Guillermo ‘Coco’ Fariñas y González Velázquez, ex coordinador de la plataforma Archipiélago que convocó la Jornada Cívica por el Cambio en Cuba.

Roxana García Lorenzo narró en una directa en su muro de Facebook que agentes de la Seguridad del Estado la persiguieron “por todas las calles de Santa Clara” mientras se dirigía al tribunal.

También denunció que desde las 4:00 a.m. la vivienda del rapero y activista Omar Mena, quien se proponía acompañar a los familiares durante el juicio, fue cercada por agentes de la policía política que le impidieron salir.

La familia de Andy García Lorenzo envió el fin de semana una carta a más de 30 gobiernos con representación en la Isla, a los que pidió actuar como observadores en el juicio contra el joven y otros procesados por las protestas del 11J.

El texto, firmado por Roxana, recuerda que más de 842 personas en Cuba permanecen encarceladas por motivos políticos, según el último informe de la asociación Prisoners Defenders (PD).

“Están siendo juzgadas en casos prefabricados, con falsos testigos del Gobierno, otros a los que hicieron firmar declaraciones que luego no reconocen, y acusaciones vergonzosas con penas escandalosamente altas, propias de asesinos y criminales. Sin ningún tipo de garantía procesal están siendo condenados, en algunos casos, a penas de hasta 30 años, casi todos jóvenes”, dijo la activista en su mensaje, difundido por PD.