El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia este miércoles ante la Asamblea Nacional, una decisión que significa el fin de casi una década al frente del órgano responsable de investigar los delitos en el país.
La noticia fue confirmada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien leyó en sesión ordinaria la comunicación enviada por el funcionario. Ese mismo día, Alfredo Ruiz, defensor del pueblo desde 2017, también presentó su dimisión, lo que dejó vacantes dos cargos clave en el sistema judicial venezolano.
Las renuncias llegan en un contexto político tenso ante la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el ascenso a mandataria interina de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero bajo una supervisión de la administración de Donald Trump.
#UltimaHora Renuncia oficialmente el Fiscal General Tarek William Saab a su cargo 🚨
Tambien el Defensor del Pueblo. Renuncias presentadas ante el Pdte de la AN Jorge Rodriguez.
Se abren las puertas a las postulaciones. #25Feb pic.twitter.com/9tfqitbsnP
— El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) February 25, 2026
Durante su tiempo en el cargo, Saab y Ruiz fueron figuras controvertidas, ya que se alinearon con el gobierno de Maduro, apoyando su agenda política y participando activamente en la represión de la oposición.
Saab, quien llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la Asamblea Nacional Constituyente, fue un defensor férreo del régimen chavista. A lo largo de su mandato, se destacó por encabezar la respuesta estatal ante denuncias de corrupción y por justificar las detenciones masivas de opositores durante las protestas ciudadanas.
En sus declaraciones, rechazó reiteradamente los informes de organismos internacionales y de derechos humanos que documentaron la existencia de presos políticos en Venezuela. Según él, los detenidos eran simplemente “prisioneros” acusados de acciones que, en su opinión, fueron debidamente documentadas.
Saab fue el portavoz de las excarcelaciones de enero, anunciando que más de 400 medidas de liberación se tramitaron desde finales de 2025. En ese mismo periodo, el fiscal general aseguró que el Ministerio Público había atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde su llegada al cargo y que los programas de justicia comunitaria beneficiaron a más de 1,2 millones de personas.
Por su parte, Alfredo Ruiz, quien asumió la Defensoría del Pueblo en 2017, también fue criticado por su alineación con el régimen y la falta de independencia de su institución.
Organizaciones civiles y multilaterales lo señalaron por no cumplir con su rol de proteger los derechos fundamentales de los venezolanos y por no intervenir en casos de represión política.
La permanencia de ambos funcionarios fue objeto de fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional, al ser vistos como piezas clave en el control oficialista de la administración de justicia.
En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había ratificado a Saab para un nuevo periodo en el cargo, extendiendo su mandato hasta 2031; sin embargo, la captura de Maduro cambió por completo los planes a futuro del régimen chavista.
Estas renuncias representan un desmantelamiento del gobierno de Nicolás Maduro mientras se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
En enero pasado, la presidenta interina anunció la destitución del empresario Álex Saab, quien ocupaba la titularidad de una dependencia ahora fusionada y era conocido por ser el testaferro del dictador chavista.
Rodríguez, a través de redes sociales, anunció la fusión del Ministerio de Comercio Nacional y del Ministerio de Industrias y Producción Nacional; este último se encontraba desde 2024 bajo la tutela de Saab.
