Detectan más de 8.700 actos delictivos contra migrantes devueltos a México durante el gobierno de Biden

Activistas pro-inmigrantes rechazan la continuación de políticas migraciones de Trump en la administración de Joe Biden. (Foto: CBP – Facebook)

Durante el primer año de la presidencia del demócrata Joe Biden, se han registrado en México más de 8.700 actos delictivos contra migrantes sin documentos expulsados desde Estados Unidos hacia el país azteca.

El informe de la organización Human Rights First titulado “Un historial vergonzoso: el uso de las políticas de Trump por parte de la administración Biden pone en peligro a las personas que buscan asilo” identificó actos como secuestros, torturas, violaciones y otros ataques contra las personas varadas en la frontera.

El documento establece que los cárteles mexicanos y otros grupos delictivos también ven a los migrantes como presa fácil para la extorsión mediante la petición de miles de dólares, aprovechando que algunos tienen familiares en territorio estadounidense.

Kennji Kizuka, director asociado de investigación sobre protección de refugiados en Human Rights First y coautor del informe, aseguró ante el medio estadounidense Los Ángeles Times que la administración de Biden tiene conocimiento de la crítica situación de los solicitantes de asilo devueltos a México y, pese a ello, mantiene vigentes las políticas de su antecesor.

Kizuka mencionó de manera especial la política conocida como Título 42, que permite el empleo de acciones de restricciones fronterizas entre México y EEUU para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19.

Con el respaldo de esta normativa, se expulsa a los indocumentados por motivos de salud y no les permiten solicitar asilo o acceder a opciones de protección humanitaria.

El directivo también denunció la utilización del programa Permanecer en México que se había suspendido al iniciar el gobierno demócrata, pero se volvió a poner en marcha luego de que un tribunal federal ordenara su reactivación al Departamento de Seguridad Nacional.

La administración de Biden expandió las nacionalidades potenciales a la aplicación de esta política, que desde diciembre del año pasado ha servido para expulsar generalmente a personas oriundas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El citado programa permite a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza devolver a México a migrantes para que residan en ese país mientras realizan el proceso de solicitud de asilo y esperan una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses.

Kizuka afirmó que ambas políticas han sido condenadas por activistas defensores de los derechos humanos, expertos en salud pública e incluso exintegrantes de la administración de Biden.

Ante ello, activistas pro-inmigrantes han sugerido la aplicación de medidas para cambiar la situación en la frontera, como la rendición de cuentas a quienes violen la ley de refugiados en EEUU y el uso de tratados para reducir los efectos nocivos de las políticas de expulsión y detención prolongada.