El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que las nuevas medidas económicas impulsadas por el régimen no se aplicaron antes debido a la falta de acuerdo dentro de la dirigencia del país y admitió, además, que todavía existen diferencias de criterio entre los propios mandos gubernamentales.
Durante una entrevista difundida recientemente por el periódico puertorriqueño Claridad, el mandatario mostró por primera vez de manera abierta que las decisiones económicas discutidas durante años dentro del aparato político no contaban con respaldo total entre los sectores de poder.
Sus declaraciones ocurren en medio de una de las etapas económicas más complejas que atraviesa Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, problemas de transporte y una fuerte falta de combustible.
Según explicó, las propuestas comenzaron a debatirse desde el VI Congreso del Partido Comunista celebrado en 2016, es decir, hace 10 años, fueron ampliadas posteriormente y terminaron siendo retomadas ahora debido a la situación económica actual, que calificó como urgente.
Las nuevas medidas incluyen una mayor apertura a la participación privada y la posibilidad de inversiones de cubanos residentes en el exterior bajo determinadas condiciones, entre otros cambios.
Sin embargo, Díaz-Canel insistió en que los cambios económicos no implican modificaciones políticas y aseguró que el sistema socialista continuará siendo la base del modelo cubano.
“Nosotros no vamos a hacer cambios en el sistema político. Nosotros seguimos defendiendo nuestro socialismo (…)A mí me llama mucho la atención que este programa de medidas tenga muchos aspectos, mucho contenido, y sin embargo se detienen mucho en que si nos abrimos en determinadas actividades al sector privado o no”, declaró.
En ese sentido, defendió el supuesto carácter social del régimen, pese a que en ningún momento su gobierno ha funcionado como en la teoría, que establece que el gobierno debería repartir sus ganancias entre la población, algo que no ocurre en Cuba, donde ni siquiera se invierte en la infraestructura que sostiene al país.
“¿Por qué no ven que las medidas, lo primero que hacen, es declarar la continuidad del socialismo en Cuba? ¿Por qué no ven que seguimos ratificando la propiedad social como la principal forma de propiedad? ¿Por qué no dicen que todo lo que estamos pretendiendo es desatar las fuerzas productivas para construir más en medio de estas condiciones, producir más riqueza material para distribuirla con justicia social?”, afirmó.
El reconocimiento de que estas propuestas permanecieron estancadas durante cerca de una década ha generado interrogantes sobre las razones que retrasaron su aplicación pese a la crisis acumulada.
La admisión de divisiones internas y la insistencia en defender que el sistema político no cambió con el económico dejan ver a la vez una inseguridad por parte del régimen, que veía una amenaza en este cambio económico.
Y es que incluso cuando diversos economistas llevaban años planteando reformas similares para aumentar la producción nacional y estimular la economía, la cúpula castrista prefirió atrasar la mejora del país para no ver comprometido su dominio político.
El propio mandatario reconoció que las medidas presentan contradicciones y riesgos políticos que requieren respaldo ideológico para ser implementadas.
Esa afirmación sugiere que parte de las preocupaciones dentro del gobierno no estaban relacionadas únicamente con aspectos económicos, sino también con el posible impacto que una apertura más amplia pudiera tener sobre el control estatal tradicional.
Diversos analistas han señalado anteriormente que Cuba comenzó a discutir cambios económicos similares mucho antes de la actual emergencia. Sin embargo, durante años predominó una estructura donde el Estado mantuvo control sobre la mayor parte de la actividad económica.
Ahora, ante una crisis marcada por falta de combustible, baja producción y dificultades financieras, el propio gobierno reconoce la necesidad de impulsar sectores que antes eran observados con mayor cautela.
Díaz-Canel también atribuyó las dificultades económicas al embargo estadounidense y sostuvo que las carencias actuales responden a las sanciones externas.
Al mismo tiempo, admitió que el país enfrenta una situación que obliga a tomar decisiones que anteriormente permanecieron detenidas.
El reconocimiento de desacuerdos dentro de la dirigencia deja una señal poco habitual sobre tensiones en la toma de decisiones de un sistema que históricamente ha proyectado una imagen de unidad política.
