Díaz-Canel eligió a sus gobernadores provinciales en una nueva farsa electoral

Este pasado fin de semana, y conforme a los establecido en la nueva constitución cubana aprobada en 2019, el mandatario Miguel Díaz-Canel nombró a los gobernadores y vicegobernadores provinciales que fueron ratificados por los delegados territoriales de cada lugar.

Según el periódico Granma, “la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales supone, a todas luces, un paso adelante en la institucionalidad; y su desempeño, más allá de la consagración y la práctica proba, se hace por el bien por todos”.

Pero cómo se elige a estos dirigentes a los cuales se le otorgó todo el poder en los territorios al eliminar las asambleas provinciales.

Resulta que el presidente de la nación “nomina” a sus candidatos en cada lugar. Son dos: el gobernador y el vicegobernador, en listas cerradas, es decir solo se puede elegir entre ellos. Por lo tanto, en la práctica no es una elección, es una ratificación.

Pero, ¿quién los ratifica entonces?

Los delegados a las asambleas municipales se agruparon en colegios electorales y aprobaron, aunque no por unanimidad, sino con más del 97 por ciento de los votos, a todos los funcionarios propuestos a dedo por Díaz-Canel.

Estos delegados asistieron en absoluta mayoría. El porciento reportado de participación fue de 99.04, lo cual significa que de 12 mil 363 delegados a las Asambleas Municipales asistieron 12 mil 244.

De las boletas depositadas en las urnas, solo 39 estuvieron en blanco y dos fueron anuladas, para un por ciento de votos válidos de 99.67.

Según el comunicado dado a conocer por el Colegio Electoral Nacional (CEN), se trató de un “legítimo ejercicio de votación”, como consecuencia del cual todas las propuestas del presidente resultaron electas.

“Organización, disciplina, tranquilidad y transparencia distinguieron el sufragio, los escrutinios y cómputos de votación, en una jornada de la que también hay que destacar el trabajo de las más de 3000 autoridades electorales implicadas en el proceso”, afirmó el CEN.

Por ley, las nuevas autoridades tienen 21 días para tomar posesión de sus cargos.