Piden que Alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU condene represión por el 11J

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU. (Foto: Michelle Bachelet – Facebook)

El Directorio Democrático Cubano calificó como una situación inaceptable que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no emita una condena u ordene una investigación sobre los hechos represivos ocurridos por el estallido social en la Isla.

En una carta fechada el 30 de agosto, la organización con sede en el exilio señala que la expresidenta chilena aparenta una complicidad ante las graves violaciones de derechos humanos en el marco del 11J.

“Es inaceptable que usted y su oficina, la más alta instancia mundial en materia de derechos humanos, mantenga un silencio que puede interpretarse como cómplice de los ejecutores”, dice la misiva publicada en redes sociales.

Asimismo, se menciona que la indiferencia de la comisionada ante las atrocidades cometidas por el castrismo solo resta importancia y respetabilidad a la causa de los derechos humanos.

En el documento se recuerda que existe mucha evidencia en medios de comunicación en torno a la ferocidad con que las fuerzas represivas del régimen atacaron a manifestantes pacíficos.

“Si usted o su oficina no los han visto, se los podemos enviar. Son videos y fotografías que muestran a las fuerzas policiales disparando contra personas desarmadas y pacíficas”, refiere la organización.

En la carta también se denuncia que el presidente Miguel Díaz-Canel ordenó en televisión nacional un enfrentamiento directo contra los manifestantes, y además armó con garrotes de madera a cientos de policías vestidos de civiles para que ejecutaran los ataques.

Directorio afirmó que la violencia del régimen contra los participantes en el estallido social estuvo vigente varios días después de las protestas, por medio de allanamientos de viviendas, arrestos y agresiones hacia personas desarmadas.

“Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba han documentado más de 1.000 personas arrestadas por simplemente ejercer el derecho, internacionalmente reconocido, de manifestarse pacífica y públicamente para expresar sus opiniones”, refleja el texto.

La organización asegura que tiene bajo su poder testimonios de detenidos que fueron víctimas de golpizas durante los arrestos.

“Esperamos que usted reconsidere su actitud, tome las medidas apropiadas y actúe a la altura de la alta posición que ocupa. Esta grave situación reclama su actuación inmediata”, finaliza la carta.

Según un informe de Prisoners Defenders, más de 5.000 personas fueron encarceladas entre el 11 y el 17 de julio por intervenir en las inéditas protestas masivas contra la continuidad del castrismo.

De ese número, hasta el 2 de septiembre, 1.500 continuaban tras las rejas, acusadas de diferentes delitos y bajo la posibilidad de ser privadas de su libertad por varios meses o años.