La ciudad de Doral, en Miami-Dade, enfrenta una controversia por su acuerdo de cooperación migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La concejala Maureen Porras solicitó revisar el convenio 287(g), pero el abogado municipal Lorenzo Cobiella rechazó incluir la propuesta en la reunión del Concejo prevista para el 18 de noviembre.
La iniciativa busca evaluar la continuidad del programa ante las preocupaciones de residentes y comerciantes por los operativos migratorios, según informó el Miami Herald.
Porras, abogada de inmigración, fue una de las integrantes del Concejo que respaldaron el convenio en abril de 2025. Sin embargo, ahora considera necesario abrir un debate público sobre sus consecuencias. La funcionaria pretende trasladar la discusión a diciembre y contempla acciones legales si nuevamente se impide examinar el asunto.
¿Por qué Doral no puede debatir su acuerdo con ICE?
El abogado municipal argumentó que la propuesta incumplía los plazos administrativos para presentar asuntos con posibles consecuencias fiscales. Según Cobiella, estas iniciativas requieren 14 días de anticipación, mientras que Porras sostiene que la Carta Orgánica municipal establece un plazo de siete días.
Cobiella también advirtió sobre posibles demandas, gastos judiciales y sanciones estatales si Doral intenta cancelar el convenio. Florida mantiene restricciones contra las denominadas ciudades santuario, aunque organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan que abandonar voluntariamente el programa 287(g) constituya una violación de esas disposiciones.
La controversia tiene antecedentes en Florida. En julio de 2025, la Comisión Municipal de Cayo Hueso votó a favor de anular su convenio con ICE, después de cuestionamientos sobre sus efectos entre los inmigrantes.
¿Qué permite el convenio migratorio 287(g)?
El acuerdo autoriza a determinados policías estatales y locales a ejercer funciones migratorias bajo supervisión federal, después de recibir capacitación. Las atribuciones específicas dependen de la modalidad del convenio y pueden incluir la identificación de personas sujetas a procedimientos migratorios y otras actuaciones autorizadas por ICE.
Doral aprobó su participación mediante la Resolución 25-120, respaldada por unanimidad el 16 de abril de 2025. Sin embargo, según el abogado municipal, la ciudad todavía no ha implementado el programa ni capacitado agentes para ejercer esas funciones.
La alcaldesa Christi Fraga solicitó una opinión jurídica actualizada al fiscal general de Florida, James Uthmeier, para conocer las consecuencias de una eventual retirada. Hasta el 12 de noviembre, no se había informado sobre una respuesta definitiva a esa consulta.
Comerciantes de Doral denuncian pérdidas por temor a ICE
La controversia también tiene consecuencias económicas. Según estimaciones atribuidas a la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida, algunos negocios de la zona han registrado caídas de ventas de entre 40% y 45%. Comerciantes relacionan esa situación con el temor de clientes y trabajadores a encontrarse con agentes migratorios. Las cifras no constituyen una medición oficial del impacto económico total.
Por ahora, Doral mantiene vigente su convenio con ICE. Una eventual cancelación limitaría la cooperación policial bajo ese programa, pero no impediría que las autoridades federales continúen sus operaciones migratorias. La próxima discusión dependerá de la incorporación del asunto a la agenda municipal y de las orientaciones jurídicas pendientes.
