Dos trabajadores de la Empresa Láctea de Las Tunas fueron detenidos esta semana tras confirmarse que la leche que transportaban para niños había sido adulterada. El operativo, desencadenado por una denuncia ciudadana, derivó en cargos de sabotaje, un delito que en Cuba puede castigarse con hasta 30 años de prisión o pena de muerte.
Leche aguada para los niños cubanos
El caso se destapó la semana pasada, cuando una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre irregularidades en un carro cisterna de la Empresa Láctea de Las Tunas.
Un equipo integrado por la Dirección de Inspección Provincial, el Departamento Técnico Investigativo (DTI) y especialistas económicos respondió al llamado y se presentó en la bodega No. 1 de La Loma para verificar el cargamento.
Lo que encontraron encendió las alarmas: 392 litros de leche vacuna destinada al consumo infantil registraban una densidad de apenas 16,5 g/mL. La norma cubana exige un mínimo de 30 g/mL. En términos simples, el producto tenía menos de la mitad de la concentración requerida, una señal inequívoca de que había sido diluido.
Para agravar el cuadro, en el propio vehículo aparecieron 202 litros sobrantes que nadie supo explicar, lo que apunta a que parte del producto original fue desviado antes de llegar a su destino.
Cargos de sabotaje, un delito grave en Cuba
Como medida inicial, las autoridades emitieron cinco multas de 10.000 pesos a los implicados bajo el amparo del Decreto 30. La leche adulterada fue devuelta a la empresa para someterla a un nuevo ciclo de pasteurización.
Sin embargo, la consecuencia más grave vino después: el Gobierno Provincial del Poder Popular de Las Tunas informó este miércoles que tanto el chofer del cisterna como el representante que lo acompañaba quedaron detenidos e instruidos de cargos por presunto sabotaje.
La distinción entre fraude alimentario y sabotaje no es menor en el ordenamiento jurídico cubano. El artículo 125 del Código Penal vigente (Ley No. 151, de 2022) establece penas de entre siete y 15 años en su forma básica. En modalidades agravadas, la sanción escala hasta los 30 años, la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Además, el Dictamen 475/2025 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, aprobado en mayo de este año, amplió el alcance del delito para incluir acciones contra bienes y servicios públicos, aunque el responsable no haya buscado deliberadamente causar daño, sino que simplemente haya actuado a sabiendas de las consecuencias.
Un problema que no es nuevo ni local
El caso de Las Tunas no ocurre en el vacío. En Sancti Spíritus, la Empresa Láctea Río Zaza fue auditada por mezclar yogurt de soya con agua y sosa cáustica; el resultado fue la expulsión de 12 trabajadores y tres directivos, además del inicio de una investigación policial.
En Matanzas, la distribución de leche para niños estuvo paralizada durante semanas por falta de combustible. En Camagüey, llegaron a utilizarse animales de tiro para el acopio del producto.
Frente a la noticia, cubanos en redes sociales no tardaron en señalar que la adulteración de la leche es una práctica extendida y sin fronteras provinciales. Una voz entre muchas lo resumió así: “Esto es un secreto a voces, hay que ser enérgicos en todo el país”.
