Cuba quedaría sujeta a nuevos controles sobre determinadas inversiones estadounidenses en tecnologías sensibles, incluida la biotecnología, según una propuesta publicada este lunes 26 de octubre en el Registro Federal.
El proyecto contempla operaciones prohibidas y otras sujetas a notificación, pero permanece en consulta pública y todavía no establece obligaciones nuevas en vigor.
El Departamento del Tesoro anunció la iniciativa el 22 de octubre para desarrollar la Ley Integral de Seguridad Nacional sobre Inversiones Estadounidenses en el Extranjero, conocida como COINS Act.
El Congreso aprobó esa legislación en diciembre de 2025 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
La inclusión de Cuba entre los “países de preocupación” procede de esa ley. En el listado también se encuentran China, incluidos Hong Kong y Macao, Irán, Corea del Norte y Rusia. El reglamento propuesto desarrolla cómo se aplicarían los controles a inversiones vinculadas con entidades de esos países.
El caso venezolano requiere una precisión: aunque el texto legal menciona a Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, el Tesoro aclara que actualmente no cumple esa definición.
Según su explicación oficial, Washington reconoce al Gobierno de Delcy Rodríguez. No obstante, determinadas operaciones con entidades venezolanas podrían quedar cubiertas por otros vínculos previstos en el programa.
Los sectores contemplados son semiconductores y microelectrónica, sistemas denominados de superinteligencia, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento, sistemas hipersónicos y biotecnología.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, incorporó este último ámbito mediante la autoridad que le concede la legislación para añadir tecnologías relacionadas con capacidades militares, de inteligencia, de vigilancia o cibernéticas.
Para Cuba, la incorporación de la biotecnología resulta relevante por el peso de su industria farmacéutica, organizada alrededor de BioCubaFarma.
Las categorías propuestas abarcan determinadas actividades de ingeniería biológica, compuestos farmacéuticos avanzados, interfaces cerebro-computadora y equipos de biosecuenciación. Su alcance dependería de los parámetros técnicos y las condiciones fijadas para cada operación.
El programa establecería dos tratamientos. Algunas transacciones podrían realizarse, pero tendrían que notificarse al Tesoro dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre.
Otras quedarían prohibidas, salvo una excepción por interés nacional. Las obligaciones alcanzarían a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y otras personas o entidades comprendidas en la definición regulatoria.
Las infracciones podrían generar multas civiles y órdenes de desinversión. El texto utiliza como referencia 250.000 dólares, ajustados por inflación, o el doble del importe de la transacción, aplicándose la cantidad mayor. Por tanto, presentar 250.000 dólares como un límite fijo omitiría el mecanismo de actualización expresamente previsto en la propuesta.
Entre las excepciones figuran determinados valores cotizados, fondos indexados y ETF, además de ciertas participaciones como socio limitado en fondos extranjeros con compromisos de hasta dos millones de dólares.
También se contempla una excepción de notificación para operaciones cuyo valor agregado no supere 50.000 dólares durante los 12 meses anteriores; no autorizaría inversiones prohibidas.
Los interesados pueden presentar comentarios hasta el 7 de diciembre mediante regulations.gov. Posteriormente, el Tesoro publicará la norma definitiva y su fecha de entrada en vigor, tras considerar las observaciones recibidas durante la consulta pública.
