El jueves 25 de septiembre, finalmente Estados Unidos deportó a la exjueza cubana Melody González Pedraza, quien encabezó la lista de 136 migrantes irregulares (125 hombres y 11 mujeres) del noveno vuelo de deportación que se ha ejecutado hacia Cuba durante la era de Donald Trump.
La exfuncionaria había llegado a territorio estadounidense hace 484 días tras beneficiarse del programa de parole humanitario. Sin embargo, por sus antecedentes de represora en Cuba le fue negada su admisión por las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Fue entonces cuando la exjueza emprendió una larga batalla legal para solicitar asilo político. Finalmente, perdió su caso y se gestionó su deportación.
El periodista Mario J. Pentón, quien cubrió todo el caso desde el inicio, recuerda que González Pedraza llegó a Tampa el 30 de mayo de 2024, pero estaba fichada en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC). Durante todo su defensa del caso de asilo permaneció detenida, hasta que un juez firmó su orden de expulsión.
Antes de salir de Cuba, la entonces jueza firmó condenas de 3 y 4 años contra cuatro jóvenes acusados de lanzar cócteles molotov a un jeep y viviendas de mandos policiales. Organizaciones y familiares denunciaron falta de pruebas y un proceso marcado por testimonios de la Seguridad del Estado. El caso se convirtió en símbolo de la ausencia de garantías judiciales en el país.
Fuentes citadas por la cadena indicaron que la negativa de asilo estuvo vinculada al componente de violaciones a los derechos humanos. Durante su estancia en Cuba como funcionaria, la exjueza compartió propaganda favorable al régimen en redes sociales, contenidos que habría eliminado antes de solicitar el parole.
El entorno familiar también quedó bajo escrutinio. Su esposo fue deportado semanas atrás, y su hermano, quien habría actuado como propagandista digital del castrismo, se encuentra detenido y también enfrentaría la deportación. Testigos del proceso celebraron el desenlace, aunque reclamaron que la rendición de cuentas sea plena y, algún día, en un contexto democrático.
Con este vuelo, suman 999 los cubanos devueltos desde EEUU en 2025, de acuerdo con una nota oficial citada por el diario Granma. En paralelo, a nivel regional se contabilizan 37 devoluciones en lo que va de año, con 1.140 personas retornadas a la Isla. Las autoridades insisten en su narrativa de una “migración regular, segura y ordenada” mientras alertan sobre los riesgos de las salidas ilegales.
La dimensión del fenómeno migratorio cubano mantiene la presión sobre el sistema. Según la CBP, en el año fiscal 2024 arribaron 217.615 cubanos al país norteamericano, elevando a más de 860.000 las llegadas en los últimos cuatro años. Para diciembre pasado, más de 42.000 cubanos permanecían en territorio estadounidense con órdenes de deportación.
La Isla reportó en 2024 un total de 93 operaciones de retorno desde EEUU y otros países, con 1.384 migrantes devueltos. Pese a la insistencia oficial en desincentivar las salidas, la persistencia del éxodo refleja la profundidad de la crisis económica y política, factores que empujan a miles a intentar rutas irregulares.
El gobierno cubano utiliza estas repatriaciones para reafirmar su discurso de “orden” migratorio, pero evita abordar la raíz del éxodo: salarios de subsistencia, apagones crónicos y ausencia de libertades. Mientras tanto, con el cambio de administración en Washington no se ha acelerado el ritmo de los vuelos de deportación. Tanto con Biden como con Trump solo se ejecuta un vuelo al mes que en promedio lleva de vuelta a Cuba a 110 migrantes cubanos.
