El periodista Mario Vallejo entrevistó al abogado de inmigración Ángel Leal luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunciara demandas civiles de desnaturalización contra 17 personas, entre ellas dos mujeres cubanas.
Según detalló Leal, los casos impulsados por las autoridades estadounidenses se basan en presuntas omisiones o falsedades durante el proceso para obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía. El especialista explicó cómo funcionan estos procesos, quiénes están en riesgo y qué consecuencias puede enfrentar un ciudadano naturalizado si ocultó información durante su trámite migratorio.
El abogado señaló que, aunque la desnaturalización es poco frecuente, la ley permite revertir ese beneficio cuando el Gobierno demuestra que la persona obtuvo el estatus mediante fraude migratorio.
“El proceso no prescribe”, explicó Leal durante la conversación con Vallejo. Añadió que el caso actual se desarrolla por la vía civil y no penal, aunque las consecuencias pueden ser graves. El jurista precisó que muchas investigaciones se apoyan en una pregunta incluida en el formulario de naturalización, donde el aspirante debe declarar si cometió delitos por los cuales nunca fue arrestado o acusado formalmente.
De acuerdo con el abogado, si una persona negó hechos delictivos y más adelante las autoridades descubren pruebas de actividades ocurridas antes de la naturalización, el Gobierno puede argumentar que existió fraude migratorio. “Eso pone a la persona en riesgo”, afirmó.
Uno de los puntos que más preocupa entre los cubanos residentes en Estados Unidos es la previa militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y en el Partido Comunista de Cuba (PCC). Vallejo preguntó si una omisión relacionada con esas organizaciones podría afectar incluso décadas después de haber obtenido la ciudadanía.
Leal respondió que sí. Explicó que las autoridades migratorias consideran esa afiliación como pertenencia a un partido totalitario, un elemento que puede influir en la admisibilidad migratoria. “Es uno de los aspectos para obtener la residencia y luego la ciudadanía legalmente”, comentó.
No obstante, el abogado aclaró que el Gobierno debe presentar evidencias sólidas para intentar revertir una naturalización. Además, recordó que toda persona conserva el derecho a defenderse en corte y cuestionar la autenticidad de las pruebas.
Vallejo mencionó durante la entrevista un caso que investiga personalmente: un cubano residente en Estados Unidos cuya expareja, radicada en Cuba, presuntamente lo amenaza con entregar a las autoridades un carnet del PCC para intentar perjudicar su ciudadanía. Sobre ese escenario, Leal indicó que la persona puede alegar que la documentación es falsa o insuficiente.
“En Cuba muchos documentos son difíciles de autenticar por la limitada base informática”, señaló el abogado, quien también recordó que cualquier acusado mantiene la presunción de inocencia.
Dos cubanas enfrentan procesos federales y posible deportación
El DOJ informó que entre las personas demandadas se encuentran las cubanas Leidys Delmas García, de 54 años, y Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40. Las autoridades sostienen que ambas ocultaron antecedentes relacionados con presuntos fraudes financieros y lavado de dinero en Florida antes de naturalizarse.
Según el Gobierno estadounidense, Delmas García habría participado en un esquema de fraude de atención médica valorado en unos 36.7 millones de dólares. En el caso de Acosta Torres, las acusaciones apuntan a una supuesta conspiración para defraudar a un casino tribal y operaciones de lavado de dinero.
Las autoridades aseguran que ambas mintieron bajo juramento al negar delitos o arrestos previos durante sus entrevistas migratorias. Si las cortes federales fallan a favor del Gobierno, podrían perder la ciudadanía y enfrentar procesos de deportación.
Leal aclaró que perder la naturalización no implica deportación automática, aunque sí coloca a la persona en una situación migratoria vulnerable. “No es inmediato, pero existe el peligro”, concluyó.
