El gobierno cubano emprendió seis olas represivas contra las protestas del 11J

El gobierno utilizó sus diferentes fuerzas represivas para disolver las protestas masivas del 11 de julio de 2021. (Foto: Abraham Jiménez Enoa – Twitter)

El régimen castrista desató seis olas represivas en respuesta a las protestas antigubernamentales registradas en la Isla el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir un sistema democrático y respeto a los derechos humanos, informó Radio Televisión Martí. 

Edgar Stuardo Ralón, relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó este método represivo en una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en el país caribeño, un evento celebrado en Washington D.C. con diversos representantes de la sociedad civil.

En la sede del CIDH, el relator detalló que la primera ola estuvo dada por el uso de la fuerza y la intimidación contra los manifestantes. Luego vino una segunda en la que se suscitaron las detenciones arbitrarias y los malos tratos.

“La tercera fue la criminalización de manifestantes y persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales”, agregó Ralón.

Para el relator, la quinta queda representada por los juicios arbitrarios bajo el control de la Seguridad del Estado; y la última se refiere a las propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y criminalizar a las críticas contra el gobierno, así como a las organizaciones de la sociedad civil independiente.

“Los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba, a través de las diferentes acciones represivas dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales, se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país”, dijo el experto.

Ralón también hizo una mención especial en su ponencia a los actos de intimidación, hostigamiento y violencia contra familiares de las personas que participaron en el estallido social. Además, lamentó el abuso de poder por parte de los agentes castristas contra mujeres, personas discapacitadas y adolescentes.

En el mismo evento, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, precisó en su participación que en la Mayor de las Antillas se vive un empeoramiento económico y social tras los sucesos vinculados con el 11J.

“Observamos un aumento generalizado en la pobreza en un contexto de crisis económica producto de una elevada inflación. También es de especial preocupación la persistente precariedad y la falta de alimentos básicos y esenciales en la Isla”, sostuvo García Muñoz.

El último reporte de la organización Prisoners Defenders indica que unas 999 personas permanecen recluidas en la nación antillana como presos políticos; la mayoría participó en el estallido social no visto en más de 60 años en el territorio cubano.