
Funcionarios del ministerio de Finanzas y Precios explicaron en conferencia de prensa la reciente medida tomada por el Consejo de Ministros de Cuba. El acuerdo 10199, publicado en la Gaceta Oficial, busca redistribuir el fondo de salarios no ejecutado en las unidades presupuestadas del sector estatal, para incentivar la estabilidad laboral, pero para algunos el beneficio será casi inexistente.
El sistema de redistribución no será automático ni masivo, advierten las autoridades. En lugar de repartir el fondo de forma lineal entre todos los empleados de una unidad, se priorizará a quienes se encuentren en situación de sobrecarga laboral.
Esta medida, aunque limitada, pretende aliviar el impacto de las vacantes y fomentar la permanencia de los trabajadores más calificados en el sector presupuestado. El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, destacó que se trata de un pago adicional y no una solución permanente a los problemas salariales del sector.
Además, aclaró que el pago dependerá de la existencia de fondo de salario inejecutado en cada unidad, que proviene principalmente de plazas vacantes, ausencias por licencias, o subsidios. Por lo tanto, en aquellas entidades que actualmente no tienen plazas vacantes, la redistribución será “casi inexistente”, ya que no habría fondo disponible para repartir.
Maritza Cruz García, viceministra primera de Finanzas y Precios, explicó que la redistribución del fondo de salarios se destinará como un incentivo a los trabajadores de todas las categorías ocupacionales, con excepción de las entidades con tratamientos salariales diferenciados.
En particular, el objetivo es priorizar a aquellos empleados que asuman cargas laborales adicionales debido a vacantes o funciones no cubiertas en sus unidades.
Las entidades tienen un plazo de 30 días para elaborar un reglamento interno que regule la redistribución del fondo de salarios, en el que se debe incluir la consulta con los sindicatos y el análisis detallado de los recursos disponibles.
José Antonio Pérez, miembro de la comisión organizadora del Congreso de la CTC, subrayó la importancia de la transparencia en este proceso, insistiendo en que debe ser evaluado sistemáticamente para garantizar su efectividad.
El sector presupuestado ocupa a más de un millón de trabajadores, representando casi la mitad del empleo estatal. Sin embargo, persisten problemas significativos relacionados con la falta de personal, especialmente en sectores cruciales como la educación y la salud, que emplean al 70% de los trabajadores del sector.
La baja natalidad y el envejecimiento de la población han contribuido a la creciente escasez de mano de obra, con más personas jubilándose que las que se incorporan al mercado laboral.
Aunque el sistema de ubicación anticipada para egresados ha ayudado a cubrir algunas vacantes, la falta de un capital humano suficientemente cualificado sigue siendo un desafío. Además, la medida también se enfrenta a los efectos negativos de una dinámica demográfica desfavorable, que limita aún más el ingreso de nuevas fuerzas laborales.

