Un informe del proyecto Archivo Cuba señala al director Raúl Castro como una figura central en las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en la Isla desde 1959 hasta la actualidad y lo responsabiliza por la muerte de miles de cubanos, datos que podrían servir para la imputación de cargos penales en Estados Unidos.
Según Martí Noticias, el documento ‘Cuba: The Human Toll of Raúl Castro’s Rule’ fue publicado el 30 de marzo por la organización sin fines de lucro establecida en Washington D.C. desde 2001 para promover los derechos humanos mediante investigaciones e información.
El reporte presenta al hermano del fallecido dictador Fidel Castro como corresponsable de un sistema totalitario que registra un elevado saldo humano, tras más de seis décadas de existencia en la Isla.
En declaraciones citadas en la presentación del informe, la directora de Archivo Cuba, María Werlau, sostuvo que el trabajo recoge evidencia en desarrollo sobre el impacto en vidas humanas del sistema político instaurado en Cuba desde el triunfo revolucionario y advirtió que sus consecuencias alcanzan a miles de familias dentro y fuera del país.
La organización estima en al menos 8.267 las muertes y desapariciones documentadas en Cuba desde 1959. Dentro de ese universo, el informe atribuye a Raúl Castro un papel directo en las primeras etapas de la represión revolucionaria, en particular en la provincia de Oriente, donde lo acusa de ordenar ejecuciones masivas como comandante del Ejército Rebelde.
Entre los episodios más graves menciona la masacre de la Loma de San Juan, el 12 de enero de 1959, cuando, según la investigación, fueron fusilados de inmediato decenas de hombres, algunos enterrados en fosas comunes.
El texto también responsabiliza a Castro por otras formas de violencia de Estado desarrolladas a lo largo de décadas. Archivo Cuba afirma haber documentado 134 ejecuciones extrajudiciales bajo su liderazgo, 19 muertes durante huelgas de hambre, 261 fallecimientos por negación de atención médica o por condiciones inhumanas de prisión y 116 suicidios inducidos o ocurridos bajo custodia.
Otro capítulo del informe se refiere a las muertes y desapariciones ocurridas durante intentos de salida de la Isla. La investigación atribuye al exmandatario responsabilidad en el fallecimiento de 365 personas, incluidos menores, en episodios vinculados con la huida del país.
Asimismo, lo señala por imponer y extender el servicio militar obligatorio desde los 17 años y el Ejército Juvenil del Trabajo, estructuras a las que asocia accidentes, suicidios y condiciones de explotación. El documento añade su presunta responsabilidad en la represión de protestas y opositores, así como en intervenciones militares cubanas en el exterior, como Angola, Etiopía y Siria.
La publicación del reporte coincide además con nuevas presiones políticas y judiciales en EEUU. El 14 de febrero, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis enviaron una carta al presidente Donald Trump para pedir que su administración considere la imputación de Raúl Castro por su presunto papel en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Semanas después, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la reapertura de una investigación penal estatal sobre la presunta implicación de Raúl Castro en ese caso. En declaraciones recogidas por AP, este funcionario afirmó que el expediente fue reactivado y que la pesquisa seguirá adelante.
A inicios de marzo, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para evaluar la posible presentación de cargos penales federales contra funcionarios o entidades vinculadas al Gobierno cubano, según reportó The Washington Post.
La iniciativa cuenta con la participación del Departamento del Tesoro y de varias agencias federales, y supone un endurecimiento de la presión de la administración de Trump sobre el régimen cubano, con la posibilidad de derivar en nuevas sanciones.
De acuerdo con ese medio, la coordinación del equipo estará a cargo de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, una oficina con experiencia en investigaciones relacionadas con altos funcionarios cubanos y supuestas acciones irregulares asociadas al poder en La Habana.
