El juicio de Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y vice primer ministro, ha centrado la atención de los cubanos durante los últimos días, desatando una serie de interrogantes sobre las verdaderas razones detrás de su procesamiento.
El caso, que se enmarca dentro de la creciente crisis económica y social que atraviesa Cuba, ha sacado a la luz tanto la falta de transparencia del régimen como su estrategia para manejar la creciente presión interna. Gil, quien fue destituido de su cargo sin previo aviso en febrero de 2024, ahora se le presenta múltiples cargos penales, incluidos el de sabotaje.
La situación económica de Cuba es insostenible. La inflación ha alcanzado cifras alarmantes, con el dólar disparado por encima de los 500 pesos, y la deuda externa sigue creciendo.
Emilio Morales, director del proyecto Cuba Siglo XXI, señaló en entrevista con el periodista Mario J. Pentón que este juicio podría ser una advertencia hacia el presidente Miguel Díaz-Canel. El régimen cubano tendría lista una purga interna más amplia para salvar a la familia Castro y la cúpula militar.
Morales explica que la culpa de esta debacle recae principalmente sobre GAESA, el conglomerado militar que controla los recursos financieros de la Isla. Según su criterio, esta gestión errática ha llevado al país a un estado de bancarrota, donde sectores fundamentales como la energía y el abastecimiento de agua están colapsando.
Pero todo eso hay que taparlo de cara a la opinión interna y para ello no se duda en sacrificar peones civiles como Gil Fernández, primeros secretarios del PCC, diputados y hasta el mismísimo presidente si hace falta.
Este escenario recuerda a episodios pasados del castrismo, cuando, en situaciones de crisis, se sacrificaron a altos funcionarios para asegurar la continuidad del sistema. Por ejemplo, están los casos del fusilado Arnaldo Ochoa y José Abrantes.
El juicio contra Gil se produce en un momento crítico para Cuba, cuando el país enfrenta no solo una crisis económica sin precedentes, sino también una crisis política interna exacerbada por el mal manejo del huracán Melissa y las múltiples epidemias que han afectado a varias provincias.
La falta de medicamentos y la imposibilidad de brindar atención médica adecuada han encendido las protestas en las calles, con ciudadanos exigiendo respuestas. Según Morales, el caso de Gil también podría ser un intento del régimen por distraer la atención pública de estos problemas más inmediatos.
Desde su destitución, Gil ha sido retratado como el chivo expiatorio del desastre económico, con el régimen buscando culpar a alguien por los fracasos de la política económica implementada, especialmente la polémica tarea de ordenamiento. A pesar de que Gil fue el encargado de ejecutar estas medidas, muchos señalan que él solo fue un ejecutor de políticas diseñadas desde el alto mando, principalmente por Murillo, otro de los responsables del desastre.
Otro aspecto relevante del juicio de Gil es la posible ascensión de nuevos líderes dentro del régimen, como Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino de Raúl Castro. Esta figura ha ganado protagonismo en los últimos años, y su ascenso meteórico podría ser la respuesta del régimen a la crisis interna.
Morales sugiere que, dado el vacío de poder dejado por la muerte de Luis Alberto López Calleja, este sobrino de Raúl Castro podría ocupar cargos clave en el futuro, incluso reemplazando a Díaz-Canel si la situación lo requiere.
