El Ministerio del Interior de Cuba publicó un mensaje sobre las consecuencias penales de difundir imágenes sin consentimiento mientras la activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, eran juzgadas en La Habana por divulgar un video de un policía.
El texto evidentemente es un intento por justificar el proceso judicial contra la hija y su madre, que al final de cuentas es un caso más de la represión del régimen ante quienes usan su libertad de expresión para criticar al sistema político de la Isla.
Según la publicación realizada en Facebook, los procesos por presuntas violaciones de la intimidad deben distinguirse de las denuncias de persecución política. La publicación sostiene que grabar y divulgar una grabación son acciones diferentes.
El mensaje centra su argumento en el consentimiento de quienes aparecen en los videos. Según su planteamiento, captar imágenes puede resultar legítimo, pero publicarlas sin autorización podría tener consecuencias penales cuando esa divulgación afecta la vida privada de una persona.
“Grabar no es delito; difundir sin consentimiento puede serlo”, afirma el texto. A partir de esa premisa, rechaza que los procedimientos relacionados con estas publicaciones se describan únicamente como juicios por grabar a funcionarios.
La publicación invoca el Código Penal cubano y su protección de la intimidad personal y familiar. No precisa artículos ni desarrolla cómo deben valorarse situaciones en las que una grabación documenta actuaciones de funcionarios, posibles irregularidades o asuntos de interés público.
Otro argumento aborda las querellas privadas. El mensaje señala que una persona que se considera perjudicada puede acudir a los tribunales, incluso cuando un expediente anterior haya sido archivado por falta de delito. Presenta esa posibilidad como parte de los derechos del reclamante.
Desde esa perspectiva, cuestiona las denuncias que describen estos procedimientos como acciones estatales contra creadores de contenido. También reclama respeto a la presunción de inocencia y advierte que las campañas digitales, los pronunciamientos de organizaciones y las declaraciones públicas no sustituyen la valoración judicial de las pruebas.
Respecto a las restricciones durante un procedimiento, menciona la reclusión domiciliaria, la prohibición de viajar y la presentación periódica. Las describe como medidas provisionales y subraya que no equivalen a una sentencia, sin examinar su duración o proporcionalidad en situaciones particulares.
A la par de esta publicación, la Fiscalía cubana solicitó dos años de privación de libertad para Anna Bensi y dos años de arresto domiciliario para su madre. Al finalizar la sesión, la medida cautelar de la activista fue modificada a arresto domiciliario.
La Fiscalía solicitó dos años de privación de libertad para la activista y dos años de arresto domiciliario para su madre. (Foto © Periódico Cubano)
La información proporcionada no precisa una sentencia definitiva, por lo que las penas solicitadas por la Fiscalía deben distinguirse de una eventual condena impuesta por el tribunal.
Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 10 de marzo en Alamar, cuando un suboficial acudió a la vivienda familiar para entregar una citación de la Seguridad del Estado. El funcionario vestía de civil y su presencia quedó registrada en una grabación.
La familia publicó posteriormente las imágenes en plataformas digitales. Según la defensa, esa decisión respondió a la necesidad de proteger su integridad física y documentar una diligencia oficial ante lo que describe como prácticas de hostigamiento estatal.
El agente presentó una querella por una supuesta vulneración de su intimidad. Alegó temor después de que su identidad quedara expuesta públicamente. Los abogados de las procesadas rechazan que registrar y divulgar una actuación vinculada con sus funciones constituya un delito.
Antes de entrar al tribunal, Anna Bensi defendió su derecho a expresar desacuerdo con las autoridades. “No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país; no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país; están mal y pensar eso no es delito”, declaró.
La joven sostuvo que utiliza las redes sociales para comunicar sus convicciones. También cuestionó las garantías del procedimiento y afirmó que “nunca va a haber un juicio justo cuando estamos gobernados por un Estado de injusticia”.
La jornada estuvo precedida por vigilancia policial alrededor del domicilio familiar, en La Habana del Este. Además, ocurrieron arrestos de personas que acudían a las afueras del tribunal para respaldar a la activista.
