La Habana atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente, según reconoció el propio Partido Comunista de Cuba (PCC) en un informe divulgado tras el Pleno Extraordinario del Comité Provincial. El documento, publicado por la Presidencia de la República, admite el profundo deterioro que afecta a los servicios públicos, la vivienda y la infraestructura.
De acuerdo con el reporte, el transporte urbano solo alcanza el 42% de los objetivos planificados, mientras que la construcción de viviendas se redujo al 41% y la producción física general cayó en un 50%. Estas cifras reflejan un retroceso significativo en sectores esenciales para la vida cotidiana de los capitalinos.
Uno de los datos más alarmantes es el aumento de la mortalidad infantil, que llegó a 14 por cada mil nacidos vivos, el nivel más alto registrado en el país. Este indicador, históricamente utilizado como símbolo de los “logros sociales de la revolución”, evidencia ahora el impacto directo de la crisis en la población más vulnerable.
El informe, firmado por el periodista oficial René Tamayo León, pretendía resaltar los “esfuerzos del Partido” frente al supuesto “cerco imperial”. Sin embargo, terminó exponiendo el deterioro urbano y económico que enfrenta la capital.
En uno de sus apartados se reconoce el grave problema de la basura: “no se avanzó en la recogida de escombros, ni en la poda ni en la recuperación de residuos reciclables”; y que el suministro de agua presentó afectaciones de entre el 3% y el 20% durante el año.
Estas cifras se traducen en una realidad visible: zonas sin transporte regular, acumulación constante de basura, interrupciones prolongadas del servicio de agua y un entorno urbano cada vez más degradado. Mientras tanto, los medios estatales continúan destacando “reuniones de balance” y anunciando “transformaciones energéticas” que no se concretan.
La Habana, históricamente presentada como vitrina del proyecto revolucionario, muestra hoy un paisaje marcado por edificios en ruinas, basura, derrumbes frecuentes y calles deterioradas. Esta imagen contrasta con el discurso oficial que insiste en hablar de “victorias” y avances.
A pesar de reconocer la gravedad de la situación, la nota sostiene que la provincia “fue superavitaria” y “sobrecumplió las ventas netas y utilidades empresariales”.
Mientras las autoridades atribuyen la crisis principalmente a las sanciones de Estados Unidos, omiten factores como la corrupción, el uso ineficiente de los recursos y el control militar de amplios sectores de la economía.
El reconocimiento oficial coincide con numerosos reportes que describen el colapso casi total de los servicios públicos. En las últimas semanas, la escasez de combustible ha paralizado parte de la recogida de desechos, provocando una acumulación de basura aún mayor en numerosos barrios.
Residentes de municipios como Cerro, Centro Habana y Diez de Octubre han alertado sobre la proliferación de plagas y los malos olores, mientras las autoridades justifican la situación con el “déficit energético y logístico” derivado del bloqueo.
Paralelamente, los apagones se han intensificado. En algunos territorios superan las 18 horas diarias, y el país enfrenta un déficit superior a los 2.000 megavatios, según datos de la Unión Eléctrica. Zonas emblemáticas como El Vedado reflejan esta desigualdad: la calle G permanece a oscuras, mientras la Torre López-Calleja, perteneciente al conglomerado militar GAESA, continúa iluminada cada noche.
