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Emiten orden de captura contra Evo Morales, pero Argentina podría evitar la extradición

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Emiten orden de captura contra Evo Morales, pero Argentina podría evitar la extradición

La orden fue emitida por el gobierno interino de Jeanine Áñez por los cargos de terrorismo y sedición

Emiten orden de aprehensión contra Evo Morales pero Argentina podría evitar extradición a Bolivia (AFP//ARTURO MURILLO/TWITTER)

La Fiscalía de Bolivia ha emitido la orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales. La orden fue emitida bajo los cargos de terrorismo, sedición y financiamiento de terrorismo.

La orden da la instrucción de aprehender y conducir a Morales ante las oficinas de la fiscalía. Siguiendo dicha instrucción, la policía procederá a cumplir el requerimiento judicial para regresar a Evo Morales ante la justicia de Bolivia.

“La presente orden… podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, o en caso necesario, recúrrase a la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías”, dice el documento compartido por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sus redes sociales.

La orden llega a propósito de un audio en el que Morales puede ser escuchado hablando con uno de sus partidarios, Faustino Yucra. Durante el audio, Morales es escuchado ordenando el bloqueo de caminos y la interrupción de suministros alimenticios a algunas ciudades.

Sin embargo, no se sabe si la justicia alcanzará al exgobernante boliviano, pues actualmente se encuentra en territorio argentino bajo estatus de refugiado político y para suerte de Morales, recibió la confirmación de que su estatus de “refugiado” impide cualquier posibilidad de extradición.

Luego de haberse refugiado en México, Morales viajó a Cuba por un breve periodo de tiempo, sin embargo no permaneció en la Isla.

El expresidente partió de la mayor de las Antillas con destino a Argentina, donde se encuentra desde el pasado 12 de diciembre. Morales cursó una solicitud que fue resuelta de manera positiva y recibió su estado de “perseguido político” en su país.

El jueves pasado, Felipe Solá, canciller de Argentina, detalló que desde el momento en que alguien solicita ser refugiado político se imposibilita “cualquier posibilidad de extradición.

La guía de la Comisión Nacional para los Refugiados, la cual se encarga de estudiar las peticiones de los refugiados políticos, indica que entre los derechos de aquellos que obtienen dicho estatus, se encuentra el de “no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro”.

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