El Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, anunció que el miércoles 15 de mayo se efectuará el juicio contra los seis jóvenes detenidos por participar en las manifestaciones pacíficas ocurridas en Caimanera, informó Radio Televisión Martí.
Las autoridades habían fijado el inicio de las audiencias para el pasado 2 de abril; pero sin dar una explicación a los detenidos y sus familiares, se tomó la decisión de postergar el comienzo de manera indefinida.
Los muchachos involucrados en este caso son Luis Miguel Alarcón Martínez, Felipe Octavio Correa Martínez, Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González; así como Freddy Sarquiz González y Yandris Pelier Matos, quienes se encuentran en libertad condicional.
Ellos enfrentan cargos por presuntamente cometer los delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir y atentado. Los fiscales han solicitado diferentes sentencias de entre 4 y 9 años de privación de la libertad.
Álvarez González enfrenta una solicitud de pena conjunta de nueve años por los delitos de desorden público e instigación a delinquir; mientras que Alarcón Martínez y Sarquiz González enfrentan cargos por desórdenes públicos, con una petición de seis años de prisión cada uno.
Pelier Matos podría ser sancionado con cuatro años de cárcel por desorden público y resistencia. Por su parte, Correa Martínez y Rodolfo Álvarez González también enfrentan acusaciones, con solicitudes de penas de seis años cada uno.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los detenidos, declaró a la emisora que los familiares tienen dificultades para movilizarse hasta la sede del juicio a causa de la escasez de transporte.
Las protestas pacíficas en Caimanera ocurrieron el 6 de mayo de 2023, cuando cientos de residentes salieron a las calles para demandar respeto a sus derechos y mejores condiciones de vida. En todo momento se expresaron consignas como “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”.
El régimen respondió con una violenta protesta contra los manifestantes. Efectivos de las tropas especiales del ejército fueron desplegados y se realizaron cortes de internet a nivel nacional para reprimir la manifestación.
La situación de los jóvenes de Caimanera ha captado la atención internacional, con varias organizaciones condenando la respuesta del gobierno cubano. Amnistía Internacional, en su Informe Anual sobre los derechos humanos, denunció que el régimen “reaccionó con fuerza excesiva” frente a las protestas. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado estas detenciones arbitrarias y la represión continua en la Isla.
