Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ordenó a los ciudadanos habaneros asumir la limpieza de las calles y centros de trabajo, pues el gobierno no tiene la capacidad para dedicarse a ello tras el paso del huracán Rafael hace casi dos semanas. La directriz, acompañada de críticas hacia quienes no colaboren, evidencia la incapacidad del régimen para garantizar servicios básicos en la capital y la estrategia de culpar a los demás.
Durante una reunión del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Lazo insistió en que trabajadores y vecinos deben encargarse de espacios públicos como bodegas, escuelas y consultorios.
“No hacemos nada si vienen brigadas de otras provincias y aquí no movilizamos a la población. No puede haber una cuadra donde la población no se movilice”, ordenó el dirigente vestido de verdeolivo.
Lazo también apuntó a la corrupción y la falta de control como factores clave detrás del caos en la ciudad. Señaló la importancia de la “trazabilidad” y el “enfrentamiento al delito” en la gestión de los recursos, sugiriendo que el desorden se debe a la ineficacia de los niveles inferiores de administración.
Este enfoque parece más un intento de culpar a actores menores —como funcionarios municipales y brigadas de limpieza— que una estrategia seria para abordar las fallas estructurales y políticas del régimen.
El discurso omite cualquier mención a la falta de recursos asignados desde el gobierno central, la inexistente inversión en infraestructura básica y el deterioro progresivo causado por décadas de desatención. Mientras tanto, la ausencia de transparencia en el manejo de fondos públicos y los históricos casos de corrupción en altos niveles del gobierno subrayan la falta de credibilidad de estos señalamientos.
El enfoque punitivo hacia los niveles inferiores y la población general, lejos de solucionar los problemas, perpetúa un sistema donde la rendición de cuentas parece inexistente en las altas esferas del poder.
Durante la misma reunión, se discutió la crítica situación del suministro de agua y electricidad. Actualmente, más de 43.760 personas en Plaza de la Revolución continúan sin acceso a agua potable, mientras que municipios como Arroyo Naranjo y Playa enfrentan interrupciones prolongadas.
La viceprimera ministra Inés María Chapman mencionó que brigadas trabajan en salideros y equipos averiados, pero reconoció que los avances son lentos. Además, los ciclos de entrega de agua siguen siendo insuficientes. Estas dificultades se suman a años de deterioro en la infraestructura, reflejando la falta de inversión y planificación estatal.
Le ronca que el par de cebollones negros estos sigan hablando disparates.