Ex guardaespaldas de Hugo Chávez sería extraditado a Venezuela

La justicia española está a punto de cerrar el caso que lleva en contra de Adrián Velásquez Figueroa, ciudadano venezolano que se desempeñó por varios años como guardaespaldas personal del fallecido líder Hugo Chávez, según informa la agencia EFE.

Velásquez además es esposo de la enfermera de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y ambos son reclamados por el gobierno de Maduro, pues se les acusa de corrupción de fondos públicos.

Cuando muere el líder venezolano en 2013, se van del país y se instalan en España. Pero se ven involucrados en los llamados “papeles de Panamá”, sociedades ocultas para evadir impuestos, y entonces comienzan a ser procesados por la justicia española. Entonces las autoridades venezolanas emiten una reclamación de sus nacionales por delitos aún más graves y sus pares europeas inician el proceso de valoración del caso.

En semanas anteriores se hizo pública la noticia donde se informaba que el tribunal de la Audiencia Nacional sentenció la extradición de Díaz Guillén, a quien solo le queda un único recurso de apelación. Por lo que todo parece indicar que su esposo correrá con igual destino.

Los abogados defensores han expuesto que se trata de una persecución política por parte del régimen venezolano y que “existe un riesgo para la vida del matrimonio en Venezuela, pues es un caso insólito”.

Se refieren al hecho de que las personas que encabezan la petición de extradición, el fiscal general Tarek Saab y el juez del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, tienen órdenes de arresto por parte de la Unión Europea lo cual es una enorme contradicción.

“Entregar a una persona a dos condenados por violar los derechos humanos sería una temeridad y además inconstitucional. Son unánimes los organismos internacionales, que no son dudosos de nada, que están observando lo que está ocurriendo en Venezuela: las muertes, las desapariciones y que incluso opositores vuelan por las ventas”, dicen los abogados.

Pero los fiscales españoles del caso dicen que “no basta con una mera alegación genérica de la situación de los derechos fundamentales de un país, se requiere una acreditación, aunque sea mínima, de cómo puede afectar a la persona reclamada”.

Con información de Cubanos por el Mundo