Un exfuncionario del Consejo Electoral Municipal (CEM) de Mantua, en Pinar del Río, aseguró ante ADN Cuba y Martí Noticias que las cifras de participación, las opiniones de los ciudadanos e incluso las candidaturas son modificadas durante procesos electorales y consultas populares en Cuba antes de ser incorporadas al sistema oficial.
Esto ocurre en un contexto en el que Cuba carece de competencia entre partidos políticos, debido a que el Partido Comunista (PCC) es la única organización política reconocida constitucionalmente como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado.
José Carlos Pérez Acanda, quien trabajó durante casi dos años como especialista informático de esa institución, sostiene que las alteraciones se realizaban sin auditorías independientes y bajo la supervisión de funcionarios electorales, dirigentes del PCC y, en ocasiones, agentes de la Seguridad del Estado.
El entrevistado explicó a ADN Cuba que su trabajo consistía en recibir y consolidar los datos procedentes de las circunscripciones de Mantua para posteriormente enviarlos al nivel provincial mediante el sistema informático oficial.
Según su testimonio, esa posición le permitió observar directamente cómo se procesaban las estadísticas antes de convertirse en resultados institucionales, una situación que consideró reprobable.
“A mí me gustaba que las cosas se hicieran correctamente. Cuando empezaron a inventar cifras de participación y a modificar los criterios que expresaban los ciudadanos, eso empezó a crear en mí un rechazo hacia todo lo que estaba viendo”, afirmó el exfuncionario.
Las cifras pasaban primero por hojas de cálculo
Pérez Acanda trabajaba con diferentes programas instalados en una intranet estatal. Uno de ellos era XISCOP, basado en software libre, aunque antes de introducir los datos en esas plataformas utilizaba hojas de cálculo de Excel.
De acuerdo con su versión, cada reunión de circunscripción o proceso de votación generaba un acta cuyo borrador se confeccionaba esa misma noche. El documento quedaba bajo la responsabilidad de un funcionario electoral o del PCC y posteriormente era llevado hasta el Consejo Electoral Municipal.
El exespecialista aseguró que las modificaciones podían comenzar incluso antes de que las actas llegaran a las oficinas del CEM. Durante la elaboración de los borradores, explicó, se recibían llamadas con instrucciones para aumentar las cifras de participación o cambiar el contenido de los planteamientos realizados por los vecinos.
Una vez entregada la documentación en el Consejo Electoral, esos datos eran introducidos en el sistema informático. Pérez Acanda sostiene que en diferentes ocasiones agentes de la Seguridad del Estado estaban presentes mientras él incorporaba la información que ya había sido modificada por otros funcionarios.
Uno de los ejemplos que relata ocurrió durante la consulta popular del Código de las Familias, realizada entre febrero y abril de 2022 antes del referendo de septiembre de ese año. Según afirma, cuando la participación en determinadas reuniones resultaba inferior a la esperada, recibían instrucciones de elevar artificialmente la cifra.
“Si en una zona había cien electores y asistían treinta o cuarenta personas, nos decían que pusiéramos sesenta y tres. Lo importante era pasar del sesenta por ciento”, aseguró.
Pérez Acanda afirmó que llegó a cuestionar abiertamente estas prácticas frente a autoridades municipales y un oficial de la Seguridad del Estado, a quien acusó de participar en el proceso. Según su relato, esa misma tarde el agente acudió a su vivienda y amenazó a su familia. Posteriormente, cuando regresó a su puesto, terminó presentando su renuncia.
Reuniones sin asistentes aparecían con participación
El antiguo trabajador electoral también sostiene que existieron reuniones en las que prácticamente nadie participó, pero que terminaron registradas oficialmente con asistentes y planteamientos.
“Aunque en muchas ocasiones nadie asistía a las reuniones, recuerdo muy pocos casos en que estas se suspendieran por falta de participantes. Incluso cuando la asistencia era nula o mínima, se inventaban tanto el número de asistentes como el contenido de la reunión”, relató.
Según Pérez Acanda, las mayores posibilidades de manipulación aparecían en zonas alejadas, donde era necesario enviar transporte y combustible para recoger las actas. Cuando esos documentos llegaban al Consejo Electoral Municipal, explicó, podían producirse nuevos ajustes.
El exfuncionario recordó una frase que, según él, repetía la presidenta del organismo: “No podemos ser nosotros los que pongamos el bobo”. A continuación, asegura, se acordaban nuevos números de asistencia y se agregaban comentarios atribuidos a personas que no habían participado.
Las opiniones de los ciudadanos también podían cambiar durante ese proceso. Pérez Acanda sostiene que las manifestaciones de rechazo al proyecto del Código de las Familias eran reformuladas en los documentos oficiales para convertirlas en propuestas de modificación, reduciendo así el número de posiciones abiertamente contrarias al texto.
Candidatos sometidos a filtros políticos
Pérez Acanda también denunció supuestas interferencias durante la selección de candidatos a delegados del Poder Popular. Relató el caso de una mujer propietaria de un pequeño kiosco de alimentos que había sido propuesta por sus vecinos para ocupar una vacante.
Según el exfuncionario, durante una reunión con autoridades municipales, representantes del PCC y miembros de la Seguridad del Estado, se decidió impedir que la mujer avanzara en el proceso.
“Dijeron que esa persona no podía estar en ese listado y que había que buscar la forma de poner a alguien del Partido o de la Juventud, porque la dueña del kiosco no servía”, recordó.
Cuando llegó la elección, asegura, el nombre de la mujer ya no estaba entre los aspirantes. Pérez Acanda sostiene que el período comprendido entre la nominación vecinal y la oficialización de la candidatura permitía revisar políticamente a las personas propuestas.
“En algunas ocasiones presionaban directamente al candidato para que retirara su nombre; en otras, buscaban repetir la nominación o encontrar otra forma de sacarlo del proceso”, afirmó.
Actas sin auditorías independientes
El exfuncionario considera que una de las principales vulnerabilidades estaba en la ausencia de controles externos. Según explicó, los datos dependían en buena medida de operaciones manuales y las actas físicas no eran sometidas posteriormente a una auditoría independiente que permitiera comprobar si las cifras introducidas coincidían con los documentos originales.
Pérez Acanda recordó haber visto cajas con actas antiguas acumuladas en el Consejo Electoral. Cuando preguntó si debían digitalizarse o contrastarse con la información almacenada en el padrón nacional, asegura que le respondieron que no era necesario porque los resultados ya habían sido enviados.
También cuestionó el sistema utilizado para quienes votaban fuera de su municipio de residencia. Durante el referendo del Código de las Familias, afirmó, una persona podía sufragar mostrando su documento de identidad, pero posteriormente esas planillas no siempre eran cotejadas con los listados correspondientes.
“Nunca se revisaban esas actas ni se introducían en una computadora. Entonces no había forma de saber si un nombre aparecía repetido o si una persona había votado dos veces”, dijo.
Un antecedente reconocido por las propias autoridades electorales ocurrió tras el referendo constitucional de 2019. El padrón preliminar pasó de 9.298.277 a 8.705.723 electores después de eliminar 594.580 registros duplicados de personas que habían votado fuera de su zona de residencia y otros 3.445 correspondientes a fallecidos.
Como el número de votos emitidos permaneció en 7.848.343, la participación oficial fue corregida del 84,41% anunciado inicialmente al 90,15%.
