El expresidente cubano Raúl Castro podría ser parte de los exmandatarios latinoamericanos juzgados en Estados Unidos a causa de delitos que involucran al territorio o ciudadanos de este país.
Hace unos días, el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó cargos formales contra el exmandatario cubano por los delitos de conspiración para asesinar estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio.
Las acusaciones son por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en febrero de 1996. Cazas cubanos se encargaron de este ataque bajo una cadena de mandos encabezada por Castro por ser Ministro de las Fuerzas Armadas en ese entonces.
El ataque causó la muerte de Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno residente permanente.
Tras la emisión de los cargos, se espera que la administración de Donald Trump ponga en marcha un operativo para capturar al exmandatario comunista y presentarlo ante un tribunal federal en Miami. De cumplirse este hecho, Castro terminará siendo parte de este listado:
Manuel Noriega – Panamá
Manuel Antonio Noriega no ocupó formalmente la presidencia de Panamá, pero gobernó de facto el país desde su posición como jefe de las Fuerzas de Defensa. En 1988, un gran jurado federal en Florida lo acusó de participar en una conspiración internacional para importar cocaína hacia EEUU.
Noriega también fue acusado de cargos relacionados con crimen organizado y lavado de dinero. Su caso abrió un precedente jurídico y político sobre el alcance de la justicia estadounidense frente a líderes extranjeros señalados por delitos con impacto en territorio norteamericano.
Noriega fue capturado tras la invasión estadounidense a Panamá, iniciada en diciembre de 1989. Después de refugiarse durante varios días en la Nunciatura Apostólica, sede diplomática del Vaticano en Ciudad de Panamá, se entregó a las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 1990.
Luego fue trasladado a Florida para enfrentar los cargos federales pendientes. Durante el cerco a la sede diplomática se reportaron tácticas de presión psicológica, incluida música a alto volumen, hasta que finalmente aceptó entregarse.
El juicio se celebró en Miami entre 1991 y 1992. Noriega fue declarado culpable de ocho cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. El 10 de julio de 1992 fue sentenciado a 40 años de prisión, aunque posteriormente la condena fue reducida.
Tras cumplir parte de su condena en EEUU, Noriega fue extraditado a Francia y luego enviado a Panamá, donde enfrentó causas por crímenes cometidos durante su régimen.
Alfonso Portillo – Guatemala
Alfonso Portillo, presidente de Guatemala entre 2000 y 2004, fue procesado en EEUU por un caso de lavado de dinero vinculado a fondos recibidos durante su mandato. La acusación federal sostuvo que Portillo utilizó el sistema bancario estadounidense para lavar millones de dólares, incluidos fondos procedentes de sobornos.
Según el DOJ, el exmandatario recibió dinero de Taiwán y desvió recursos mediante cuentas bancarias ubicadas en EEUU. Portillo fue capturado el 26 de enero de 2010 en el departamento guatemalteco de Izabal, con fines de extradición a territorio estadounidense.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala registró que el arresto se produjo después de que las autoridades estadounidenses lo reclamaran por conspiración para lavado de dinero.
Tras varios años de recursos judiciales, Guatemala lo extraditó a EEUU el 24 de mayo de 2013. A su llegada a Nueva York, quedó bajo jurisdicción de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
En marzo de 2014, se declaró culpable en Manhattan de lavar dinero a través de bancos estadounidenses. Admitió que había recibido 2,5 millones de dólares en sobornos de Taiwán, vinculados al mantenimiento del reconocimiento diplomático de Guatemala hacia ese país.
Dos meses después, un juez federal lo sentenció a 5 años y 10 meses de prisión y ordenó el decomiso de 2,5 millones de dólares. La condena consolidó el uso de la jurisdicción estadounidense en casos de corrupción extranjera cuando el dinero pasa por su sistema financiero.
Juan Orlando Hernández – Honduras
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, enfrentó en EEUU uno de los procesos más graves contra un exjefe de Estado latinoamericano por narcotráfico. Tras gobernar dicho país durante dos mandatos, fue acusado por fiscales federales de participar, desde al menos 2004 y hasta 2022, en una conspiración para facilitar el ingreso de enormes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.
El DOJ sostuvo que utilizó su poder político, las fuerzas de seguridad y estructuras estatales para proteger a organizaciones criminales a cambio de sobornos. Hernández fue capturado en Honduras tras dejar el poder.
En febrero de 2022, poco después de concluir su mandato, las autoridades hondureñas lo detuvieron luego de que Washington solicitara su extradición. El 21 de abril de 2022 fue extraditado a Nueva York, donde compareció ante la justicia federal por cargos de narcotráfico y armas.
Su captura marcó un fuerte giro político, porque durante años había sido presentado como aliado de Washington en la lucha antidrogas, mientras los fiscales estadounidenses sostenían que en realidad protegía a redes criminales.
En marzo de 2024, un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína a EEUU y de delitos relacionados con armas. En junio de ese año fue sentenciado a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada.
Sin embargo, el caso tuvo un giro posterior: en diciembre de 2025, Hernández fue liberado de una prisión federal tras recibir un indulto del presidente Donald Trump, decisión que generó críticas y controversia política en EEUU y Honduras. En abril de 2026, un tribunal federal desestimó su apelación por considerarla sin efecto tras el indulto.
Nicolás Maduro – Venezuela
El 3 de enero de 2026, EEUU ejecutó la llamada “Operación Resolución Absoluta”, una acción militar y de inteligencia en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Washington justificó la incursión en los cargos penales presentados por el DOJ desde 2020, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense y posesión de armamento de guerra.
De acuerdo con fiscales federales, Maduro habría encabezado el denominado Cártel de los Soles, una estructura criminal presuntamente incrustada en altos niveles del poder político y militar venezolano.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esa red, en alianza con grupos armados como las FARC, utilizó el narcotráfico como una herramienta de presión política y financiamiento contra EEUU.
Tras su detención en Caracas, Maduro fue trasladado bajo estricta custodia de la DEA a bordo del buque USS Iwo Jima con destino a Nueva York. Posteriormente, quedó recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una instalación federal utilizada para procesados en casos de alto perfil.
El 5 de enero de 2026, el líder chavista compareció por primera vez ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia presidida por el juez Alvin Hellerstein.
Durante la sesión, asistido por un intérprete, rechazó el procedimiento judicial y afirmó haber sido víctima de un “secuestro militar ilegal”. También se declaró “prisionero de guerra” y se presentó como “presidente constitucional” de Venezuela.
Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes de todos los cargos. Para su defensa, el exmandatario contrató al abogado Barry Pollack, conocido por representar a figuras vinculadas a procesos judiciales de alto impacto. Las audiencias continuaron formalmente a partir del 17 de marzo, con el análisis de las mociones presentadas por la defensa.
