La familia de Rafael del Pino Siero, ciudadano estadounidense, veterano de la Segunda Guerra Mundial y antiguo amigo de Fidel Castro, volvió a reclamar justicia por su muerte en una prisión cubana y exige el cobro de una indemnización que hoy supera los 626 millones de dólares.
Según Telemundo 51, el caso resurge en el contexto de la acusación federal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro y otros cinco implicados por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Del Pino Siero fue una figura cercana al fallecido dictador durante sus años universitarios en La Habana en la década de 1940. Compartieron aulas, confidencias y proyectos políticos.
Sin embargo, esa relación terminó convertida en una de las historias más simbólicas de ruptura con el castrismo: la de un hombre que, tras advertir la deriva comunista del movimiento, pasó de ser considerado amigo a enemigo del nuevo poder revolucionario.
La familia sostiene que el régimen cubano lo secuestró, torturó y finalmente asesinó tras capturarlo en julio de 1959. En aquel momento, Del Pino ya se había naturalizado como ciudadano estadounidense después de servir en el ejército norteamericano.
Antes de volverse un enemigo de la revolución cubana, viajó a México en 1956 para sumarse a la organización de la lucha contra Fulgencio Batista, pero rompió con el grupo de Fidel Castro al descubrir, según sus allegados, la influencia soviética y de agentes de inteligencia vinculados a Moscú.
Tras regresar a Miami, Del Pino se convirtió en una voz crítica contra Castro. Alertó a medios estadounidenses sobre las verdaderas intenciones del nuevo liderazgo cubano y denunció el avance del comunismo dentro de la revolución.
La respuesta de La Habana fue rápida: el castrismo lo señaló como traidor, lo vigiló en Florida y preparó una operación para capturarlo. De acuerdo con el relato familiar y con documentos judiciales citados en el caso, la inteligencia cubana utilizó a un antiguo conocido de Del Pino para tenderle una trampa.
Le hicieron creer que debía viajar a Cuba para rescatar a una familia perseguida por el régimen. Bajo ese pretexto humanitario, despegó desde Florida el 25 de julio de 1959. Al aterrizar de madrugada en una carretera en las afueras de La Habana, Del Pino fue emboscado por fuerzas militares y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.
El piloto intentó elevar nuevamente el avión para escapar, pero la aeronave fue atacada con fuego de ametralladoras y terminó envuelta en llamas. Fue sacado del aparato con graves heridas y quemaduras.
Después de sobrevivir al ataque, fue sometido a un juicio militar que, según la familia, duró menos de nueve horas. Tuvo que defenderse desde una camilla, todavía convaleciente. Aunque la Fiscalía pidió la pena de muerte, fue condenado a 30 años de prisión.
Durante casi dos décadas permaneció encarcelado en Cuba. Sus familiares aseguran que sufrió aislamiento, maltratos y torturas. Su hija Milagros Suárez creció sin conocerlo en libertad.
Cuando Del Pino fue capturado, ella aún estaba en el vientre de su madre. Su vínculo con él se construyó a través de cartas enviadas desde prisión, cargadas de promesas de reencuentro.
En 1977, la familia creyó que la liberación estaba cerca. Circulaban versiones sobre un posible acuerdo para excarcelar a presos políticos y permitirles viajar a EEUU. Según Milagros, su padre había hablado con la familia dos semanas antes de su muerte y estaba ilusionado con la posibilidad de reunirse con ellos.
Pocos días después, las autoridades cubanas informaron que Del Pino se había suicidado por ahorcamiento. La familia nunca aceptó esa versión. “A él lo mataron. Él no murió”, afirmó Milagros Suárez al relatar el momento en que su madre recibió la llamada que notificaba el fallecimiento.
La búsqueda judicial tuvo un avance importante en 2008, cuando un jurado de Miami-Dade otorgó casi 253 millones de dólares a los hijos de Del Pino en una demanda civil contra Cuba, una de las mayores sanciones de ese tipo emitidas entonces contra el régimen comunista. Reuters reportó que el gobierno cubano no se presentó a defenderse en la corte.
La sentencia fue renovada en diciembre de 2021 por la jueza María de Jesús Santovenia, con intereses acumulados por el impago. Actualmente, la deuda reclamada asciende a 312.8 millones de dólares para Milagros Suárez y 313.4 millones para Lissette V. Oti, nieta y sucesora legal de Rafael Del Pino Jr.
El principal obstáculo ha sido cobrar el dinero. Durante años, las cuentas soberanas cubanas congeladas en EEUU se han reducido de forma considerable, lo que ha complicado la ejecución de fallos.
Sin embargo, el equipo legal de la familia explora nuevas vías para identificar activos vinculados a Cuba en el exterior, incluidas estructuras financieras relacionadas con aliados del régimen.
Para la familia Del Pino, ese proceso confirma que los crímenes atribuidos al régimen cubano contra ciudadanos estadounidenses pueden ser perseguidos décadas después. Milagros Suárez insiste en que su objetivo no es solo cobrar una indemnización, sino lograr que el nombre de su padre no quede enterrado bajo la impunidad.
“Tengo esperanza de que algún día se haga justicia”, dijo. Más de seis décadas después del secuestro de Rafael Del Pino Siero, su familia busca que la memoria, los tribunales y la presión internacional alcancen lo que La Habana intentó clausurar con silencio.
