Fatal derrumbe en La Habana: Prueban que la culpa es del Gobierno por no reparar a tiempo

Documentos oficiales que datan del año 2014 revelan que el edificio que colapsó el jueves en La Habana había sido declarado “pendiente en demolición” injustificadamente, pues los problemas que presentaban podían ser resueltos con una reparación capital.

Si bien el Gobierno indicó en 2012 que era necesaria la demolición del inmueble ubicado en el cruce de la Avenida Boyeros y Calzada del Cerro, donde se registró al menos un fallecido por el derrumbe, un dictamen técnico realizado dos años después sostiene que el edificio era totalmente reparable.

“Las irresponsabilidades, la falta de recursos y el abandono de las autoridades responsables en la conservación y protección del patrimonio de la ciudad, han provocado que esta edificación se encuentre en la actualidad (2014) en un estado técnico regular, pero reparable”, certificó el arquitecto Boris Abel Mérida Suárez en un documento citado ayer por Cubadebate.

El especialista insistió en que la demolición prematura del inmueble multifamiliar era injustificable, “salvo que el gobierno tenga otros intereses en esa zona”. Bien es conocido que, desde hace unos años, las autoridades de la capital han destinado incontables recursos a la construcción de hoteles y centros turísticos en enclaves estratégicos de la ciudad.

El especialista alertó desde aquel mismo momento que de no atenderse el inmueble, en un período de cuatro o cinco años se acelerarían los problemas estructurales y correrían riesgo sus habitantes.

Fue la vicepresidencia de Construcción y Vivienda del Consejo de la Administración Municipal (CAM), la que envió una carta en 2012 a los vecinos de Colón No. 206, entre Calzada del Cerro y San Cristóbal, en la que se ratifica la demolición.

“Se pensaba someter el edificio a una reparación, pero hubo que reconsiderar esta propuesta por las malas condiciones con peligro de derrumbe, por lo que hay que demoler y no se ha podido acometer, ya que hay algunas familias que no han querido albergarse”, reza el documento.

Y es que, con toda razón, la mayoría de los residentes alegaron que no estaban dispuestos a abandonar sus viviendas, pues muchos llevaban décadas radicando allí y el Gobierno no les garantizaba el traslado hacia nuevas casas, sino hacia albergues.

En 2012, el Fiscal Municipal del Cerro, Camilo Carballo Baños, indicó la medida de gestionar un albergue, ya que funcionarios del gobierno, el Partido Comunista, la Dirección Municipal de la Vivienda y la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda en el Cerro aseguraron “no disponer de otra posibilidad por el momento”.

“Se nos expuso de forma concreta el déficit del fondo habitacional que presenta el territorio, siendo completamente imposible otorgarle una vivienda a cada núcleo familiar del edificio”, señala la nota de Carballo, quien destacó la lentitud y las insuficiencias “con que el Consejo de la Administración Municipal (CAM) del Cerro ha asumido el caso”.