El buque petrolero Bella-1, de bandera panameña y gestionado por Louis Marine Shipholding Enterprises, fue interceptado por fuerzas estadounidenses cuando intentaba fondear cerca de las costas venezolanas, informó Bloomberg.
La operación se enmarca en una serie de medidas de control intensificadas por parte de Estados Unidos para desconectar redes logísticas y comerciales vinculadas con la Guardia Revolucionaria de Irán y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La embarcación se encuentra en la lista de activos sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU (USDT, por sus siglas en inglés) desde junio de 2024 por sus vínculos materiales, financieros y tecnológicos con la Guardia Revolucionaria Iraní.
Esta fuerza armada de la nación asiática es considerada por Washington como una amenaza y por ello se encuentra catalogada como una organización terrorista vinculada al narcotráfico internacional.
En los días previos, las embarcaciones Skipper y Centuries también fueron intervenidas en el mar Caribe en operaciones similares. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia dirigida a evitar que las sanciones impuestas a Irán y Venezuela sean eludidas a través del transporte marítimo de crudo.
El Skipper navegaba hacia Cuba con una bandera falsa de Guyana. El Departamento de Administración Marítima de esta nación sudamericana (Marad, por sus siglas en inglés) confirmó que no tenía registro de este petrolero.
Según Bloomberg, el USDT, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha coordinado con el ejército estadounidense para implementar un sistema de vigilancia más riguroso sobre las rutas estratégicas de transporte de hidrocarburos.
Este tipo de operaciones está diseñado para garantizar que cualquier buque bajo sospecha de operar con entidades sancionadas sea interceptado, inspeccionado y, en caso necesario, restringido en su movilidad.
Este endurecimiento en las políticas de control ha generado tensiones en la región, especialmente en áreas como el Caribe y el Atlántico, donde el tráfico de hidrocarburos es esencial para la economía de varios países.
Empresas navieras y operadores de transporte internacional se han visto obligados a ajustar sus rutas para evitar sanciones adicionales, lo que ha reducido el volumen de crudo transportado y generado incertidumbre en los mercados internacionales.
Las intercepciones de buques petroleros ocurren mientras Washington mantiene un despliegue militar en aguas internacionales del mar Caribe, con el fin de frenar el tráfico de drogas proveniente de Venezuela.
En este contexto, la administración del presidente Donald Trump continúa ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.
La Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) ha señalado al presidente venezolano, que se mantiene en el poder mediante fraude electoral, como parte de una conspiración dedicada al tráfico de cocaína hacia el país norteamericano.
De acuerdo con los datos obtenidos por la firma de análisis marítimos TankerTrackers.com, más de 30 de los 80 buques que operan en aguas cercanas a Venezuela están sujetos a sanciones estadounidenses.
