El gobierno cubano reveló los nombres de los 2.010 sancionados indultados por el presidente designado de la Isla, Miguel Díaz-Canel, en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa de este año.
El listado se encuentra en la Gaceta Oficial No. 11 Extraordinaria Especial de 2026, cuyo contenido de 100 páginas tiene nombres, apellidos y causas judiciales de los reclusos beneficiarios de la medida.
“En gesto humanitario y soberano, como práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal, y en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, se acordó indultar a un grupo de sancionados, en atención a las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena”, dice el documento.
El decreto fue firmado el 3 de abril en el Palacio de la Revolución, aunque la lista completa no se conoció hasta casi dos meses después. Esa demora impidió verificar de forma independiente quiénes habían sido realmente beneficiados y bajo qué causas judiciales.
El dato más significativo de la publicación es la presencia de 95 personas cuyas causas están vinculadas a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, una instancia asociada con casos de disidencia, activismo político y hechos considerados sensibles por el régimen.
Esa cifra contradice parcialmente el discurso oficial con el que las autoridades anunciaron el indulto el 2 de abril, cuando presentaron la medida como dirigida, en esencia, a presos comunes.
En aquel momento, el gobierno cubano sostuvo que quedarían excluidos del beneficio quienes hubieran sido sancionados por delitos graves, reincidentes, multirreincidentes y también por “delitos contra la autoridad”, una categoría que con frecuencia ha sido utilizada contra manifestantes y opositores.
El Decreto Presidencial 1212 se fundamenta en el Artículo 128 de la Constitución cubana, en la Ley de Indultos de 1919 y en el Decreto-Ley 18 de 1978. El texto dispone que el presidente del Tribunal Supremo Popular y los ministros del Interior y de Justicia quedan encargados del cumplimiento de la medida.
Entre los indultados también aparecen personas con causas en tribunales militares de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Holguín, Villa Clara y Mayabeque, además de tribunales municipales y provinciales de todo el país.
Desde el anuncio inicial, organizaciones de derechos humanos y activistas cubanos cuestionaron el indulto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió la liberación de todos los presos políticos y calificó los avances como “pobres”.
Prisoners Defenders, que contabilizaba 1.214 presos políticos en Cuba a finales de febrero de 2026, expresó escepticismo sobre la seriedad de la decisión, aunque señaló que celebraría cualquier excarcelación que beneficiara a presos políticos y a sus familias. El senador estadounidense Rick Scott también criticó públicamente el indulto por excluir a los presos políticos, según reportes de prensa.
Este es el segundo indulto concedido en Cuba en lo que va de 2026 y el quinto desde 2011. En ese período, el régimen asegura haber beneficiado a más de 11.000 personas mediante medidas similares. Entre los indultos masivos anteriores figuran los de 2019, con 2.604 presos, y 2016, con 787.
Tres ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Cuba por delitos comunes fueron parte de ese grupo de excarcelados, según información divulgada por el periodista Mario J. Pentón de Martí Noticias.
De acuerdo con su reporte, los tres beneficiados no cumplían condenas por motivos políticos, sino por causas penales ordinarias.
