Gobierno cubano tiene un plazo ante la ONU para informar sobre los manifestantes desaparecidos

Los arrestos para disolver las protestas masivas del 11J terminaron en varias desapariciones forzadas. (Foto: Lara Crofs-Facebook)

El gobierno cubano tiene hasta el 7 de febrero para aportar información complementaria sobre los casos de manifestantes desaparecidos por motivo de la brutal represión que se desató contra las protestas masivas del pasado 11 de julio.

Radio Televisión Martí informó que el plazo fue emitido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respuesta a una denuncia de la Asociación Cubanos por la Democracia.

En la solicitud del organismo también se cuestiona a las autoridades comunistas sobre cuáles fueron las medidas adoptadas para localizar a los manifestantes en dicha situación y la reparación otorgada a las víctimas.

Reimel Ariosa Méndez, director jurídico de la citada asociación, comentó a la emisora que presentaron ante el organismo de la ONU más de 180 denuncias vinculadas a manifestantes desaparecidos para que se aplicara el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Este apartado señala que si el comité recibe información con indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado integrante de la convención, se puede iniciar una investigación hasta emitir una sanción.

En la queja presentada por la asociación se explica que el Estado cubano practica de manera común la desaparición forzada, a través de sus instituciones, cuando se trata de motivos políticos o ideológicos.

“Las desapariciones forzadas son ejecutadas por las propias fuerzas de la Seguridad del Estado. No solo consisten en la detención arbitraria, ilegal y no comunicada, sino también en el traslado de presos o detenidos entre instituciones penitenciarias, sin comunicarlo a sus allegados”, detalló Ariosa Méndez.

La organización Cubalex informó a principios de mes que el gobierno de la Isla había arrestado, hasta el 10 de enero, a 1.355 personas por motivo del estallido social que se vivió a lo largo de todo el país.

De esta cifra, 719 continúan en los centros de detención o ya fueron procesados en los juicios sumarios realizados en las últimas semanas y que se encuentran bajo el control de la Seguridad del Estado.

Respecto al resto de los detenidos, fueron liberados pero con medidas cautelares como prisión domiciliaria o restricciones de movimiento en la vía pública.

Los manifestantes procesados enfrentan diferentes sentencias de privación de la libertad, algunas mayores a los 25 años, por supuestamente haber cometido los delitos “sedición”, “desorden público”, “desacato”, “atentado”, “daños” y “propagación de epidemia”.