Gobierno de Cuba manipula su Constitución para no reconocer el derecho a manifestarse

Estallido social del 11 de julio. (Foto: Facebook-Ángel López)

La represión ejercida por el Estado durante las protestas pacíficas del pasado 11 de julio es muestra de que el gobierno de Cuba no respeta ni su propia Constitución, señaló el abogado cubano Julio César Guanche.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, el jurista consideró como vacías las garantías del régimen para sus ciudadanos, que se ven limitadas siempre en materia de libertad de expresión.

Guanche refirió que el llamado 11J fue la primera muestra de acción colectiva en décadas y que por ello la respuesta represiva de las autoridades era de esperarse.

El abogado indicó también que aunque el régimen ha abierto algunos “canales de diálogo” para hacer frente a las críticas, estos no han incluido a la ciudadanía, y menos a la disidencia.

En opinión del jurista, el gobierno cubano enfrenta ahora dos grandes desafíos para mejorar su imagen. Esto luego de haber sido exhibido como represor violento por sus ciudadanos, a través de múltiples videos y fotos en redes sociales.

“Enfrentar abiertamente la pluralidad cubana y establecer diálogos con sectores difíciles y diferentes al gubernamental” sería el primero de estos desafíos, explicó.

El segundo es “revisar la situación judicial y legal de los detenidos, los juicios sumarios y reconocer el derecho de manifestación pacífica”.

De acuerdo con Guanche, estas dos medidas son necesarias para el régimen si de verdad espera desarrollar un diálogo con su población.

El abogado destacó para el medio internacional lo que ya se ha denunciado varias veces por activistas de la Isla: que el derecho a la manifestación pacífica está reconocido por la Constitución de Cuba.

Detalló que el artículo 54 de la Carta Magna establece que “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.

Por tanto, haber arremetido con violencia y ordenar el ataque por parte de civiles contra quienes protestaron públicamente durante el 11J resultó inconstitucional, fuera del marco de la ley.

Para Guanche, el gobierno ha “reconocido” que existe el derecho a expresarse en la vía pública, pero manipula a su conveniencia lo que implica esta “manifestación” para dejar fuera de la legalidad lo que considera subversivo.

Por ello, cientos de ciudadanos que salieron a las calles el 11 de julio y los días siguientes continúan encarcelados por “instigación al delito” o “desorden público”, a pesar de técnicamente no haber cometido ningún delito.

“Hay algunos caminos iniciados por el Gobierno que tienen que profundizarse y, en algún sentido, también renovarse, no solo seguirlos”, sostuvo Guanche.

Para establecer un diálogo bilateral con la ciudadanía, según el jurista, el régimen necesita dejar de criminalizar sus opiniones y expresiones políticas –como la manifestación–independientemente de su finalidad.