Un memorando en discusión en la Casa Blanca podría cambiar drásticamente el panorama para miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden.
Según este documento, revisado por The New York Times, el gobierno de Donald Trump deportaría a miles de personas que ingresaron al país de manera legal bajo programas como el parole humanitario o mediante la aplicación CBP One. Los registros indican que estos esquemas beneficiaron alrededor de 1 millón 400 mil migrantes, entre ellos más de 110.000 cubanos.
El memorando, firmado por Benjamine C. Huffman, jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, instruye a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre cómo proceder con las devoluciones rápidas de migrantes.
Dichos programas migratorios impulsados por la pasada administración demócrata permitieron la entrada legal de 213.150 haitianos, 120.760 venezolanos, 110.240 cubanos y 96.270 nicaragüenses. El presidente Trump considera que estas personas arribaron a la nación norteamericana a través de políticas ilegales desde su creación y por ello deben ser deportadas.
Trump ha contado con el respaldo de sectores republicanos, quienes desde un inicio mostraron su rechazo a estos programas, calificándolos como una vía para fomentar una migración masiva.
Por su parte, los demócratas defendieron estas medidas como un mecanismo seguro para reducir riesgos asociados al tráfico de personas. El debate ahora se recrudece con la posibilidad de eliminar estos programas y deportar a sus beneficiarios.
El memorando también establece que los casos prioritarios serán aquellos migrantes con más de un año en el país que no hayan solicitado asilo, así como los que superaron el plazo de dos años. Sin embargo, los cubanos cuentan con la posibilidad de ajustar su estatus legal en 365 días gracias a la Ley de Ajuste Cubano, lo que podría ofrecerles una vía para evitar la deportación.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó el miércoles una demanda para frenar estas medidas, argumentando que son ilegales y contrarias a la Constitución al eludir la supervisión de los tribunales de inmigración. Según el documento, Huffman dio orientaciones adicionales a los funcionarios del ICE para que las deportaciones rápidas no pasen por los tribunales, acelerando los procesos de expulsión.
Karen Tumlin, directora del Centro de Acción Judicial, alertó sobre los peligros de deportar a migrantes a países donde enfrentan riesgos graves, como los afganos y ucranianos.
“La mayoría de estas personas siguieron las reglas impuestas por el propio gobierno, y muchas cuentan con patrocinadores en EEUU. Este procedimiento de deportación sumaria es espantoso”, señaló Tumlin.
