Gobierno retrasa prohibición de comercio mayorista para las Mipymes cubanas

La normativa obliga a la liquidación de inventarios de mercancías en tránsito y en plaza, destinados al comercio mayorista o venta al por mayor. (Captura de pantalla © Lydice Molina – YouTube)

El Gobierno cubano anunció un aplazamiento de la implementación de la Resolución 56, que prohíbe el comercio mayorista para las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y otros actores de la economía no estatal. La medida, originalmente programada para entrar en vigor en abril, ha sido extendida hasta el 30 de septiembre de 2025, según un comunicado del Ministerio de Comercio Interior (Mincin).

La Resolución 56, firmada por la titular del Mincin, Betsy Díaz Velázquez, en diciembre de 2024, había suscitado gran preocupación entre las Mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, al imponer severas restricciones al comercio mayorista. En el marco de la normativa, estas entidades solo podrían realizar transacciones mayoristas de sus propios productos con entidades estatales o a través de comercializadoras mayoristas estatales, lo que limita significativamente su autonomía comercial.

Se les daba un plazo para que se deshicieran de todo su inventario. Al parecer, este tema ha motivado el aplazamiento, pues la mayoría no ha podido vender sus producciones y le será muy complejo hacerlo en el mercado minorista. Si en el nuevo plazo no han agotado su inventario, se enfrentan a inspecciones y sanciones por incumplir la normativa.

Aunque el aplazamiento permite a las Mipymes y cooperativas ganar tiempo, los trabajadores por cuenta propia dedicados al comercio mayorista de bienes nacionales o importados no se benefician de esta prórroga. Estos actores deben cumplir con el plazo establecido para liquidar los inventarios de mercancías en tránsito y en plaza, según informó el medio oficialista Cubadebate.

La Resolución 56 impone una serie de medidas que consolidan aún más el control estatal sobre el mercado mayorista. Las empresas que comercialicen productos mayoristas como actividad principal deben actualizar sus licencias para que las transacciones se realicen exclusivamente con la intervención de entidades estatales. Aquellos que no cumplan con esta obligación perderán automáticamente su licencia operativa y quedarán fuera del sector mayorista.

Este cambio se considera una amenaza para la autonomía de las empresas privadas, ya que las MIPYMES y cooperativas deberán depender de las entidades estatales para llevar a cabo sus transacciones mayoristas. El impacto de esta resolución podría ser especialmente negativo para aquellas empresas que no tengan vínculos directos con el Estado, pues su capacidad para operar y competir en el mercado se verá gravemente limitada.

Economistas cubanos critican la Resolución 56

Economistas cubanos han expresado fuertes críticas a la Resolución 56. Pedro Monreal calificó la medida como un retroceso que podría generar mayor inestabilidad social, con un aumento en los precios de los productos alimenticios y una escasez generalizada. Aunque el gobierno argumenta que la resolución busca corregir distorsiones y controlar la inflación, Monreal advierte que esta política refuerza el monopolio estatal, limitando la competencia y subordinando al sector privado al control estatal, que enfrenta problemas de liquidez e ineficiencia.

Según el economista, la resolución convierte a los actores no estatales en clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales, sin acceso a una oferta mayorista competitiva.

El descontento generalizado se refleja en redes sociales, donde ciudadanos como Miguel Suárez consideran que la resolución desincentiva el emprendimiento y evidencia la falta de confianza en el sector privado. Ramón García Guerra propone un modelo de asociación público-privada, pero señala que el actual monopolio estatal no beneficia a la sociedad.