Los consumidores en Cuba pueden fotografiar productos y precios dentro de tiendas, restaurantes y otros establecimientos, según la Instrucción 3/19 del Ministerio de Comercio Interior. Sin embargo, la grabación de videos no está autorizada de forma expresa y puede generar conflictos legales si se difunden imágenes de empleados o clientes sin consentimiento.
La aclaración responde a una duda cada vez más frecuente entre ciudadanos que usan las redes sociales para mostrar precios, denunciar malos servicios o compartir experiencias en negocios estatales y privados.
¿Qué se puede grabar en una tienda en Cuba?
La Instrucción 3/19 reconoce el derecho de los consumidores a fotografiar los productos ofrecidos y los precios que les resulten de interés. Esa facultad aplica en comercios, restaurantes, servicios personales, talleres y alojamientos.
La norma no distingue entre establecimientos administrados por el Estado y formas de gestión privada. Por tanto, el derecho a tomar fotos rige en ambos casos, siempre que se trate de productos y precios expuestos al público.
En un país marcado por la escasez, la inflación y la falta de transparencia en muchos servicios, esas imágenes se han convertido en una herramienta para informar a otros consumidores y dejar constancia de abusos o irregularidades.
¿Qué ocurre cuando el video llega a redes sociales?
El punto más complejo aparece con los videos. La norma no los autoriza de manera explícita, pero tampoco establece una prohibición general para grabar dentro de los establecimientos.
Esa ausencia de precisión deja espacio a interpretaciones. Un negocio podría limitar las grabaciones si informa previamente esa regla mediante un aviso visible, claro y comprensible para los clientes.
El conflicto aumenta cuando el video se publica en redes sociales. Aunque el objetivo sea denunciar un mal servicio, la grabación puede incluir rostros, voces, nombres u otros datos de trabajadores y clientes.
Las leyes cubanas protegen la imagen, la voz, la intimidad y los datos personales. Por ello, una persona que se considere afectada podría solicitar la retirada del contenido publicado.
¿Pueden los establecimientos adoptar acciones legales?
Los negocios pueden establecer reglas internas sobre la grabación de videos, pero deben comunicarlas de forma previa. La restricción no debería aplicarse de manera improvisada ni selectiva contra un cliente.
Si un establecimiento decide limitar las grabaciones, debe hacerlo con una advertencia visible y entendible. Esa medida permitiría al consumidor conocer las condiciones antes de entrar o utilizar el servicio.
Quienes publiquen denuncias también deben actuar con cautela. Es posible reclamar por un mal servicio, pero conviene mostrar hechos comprobables, evitar insultos y no hacer acusaciones que no puedan demostrarse.
En la práctica, las fotos de precios y productos están permitidas, mientras que los videos requieren mayor cuidado. En medio del deterioro de los servicios en la Isla, conocer estos límites puede evitar que una denuncia ciudadana termine en una reclamación legal.
