El preso político cubano Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue trasladado al hospital del penal Combinado del Este, en La Habana, ante el grave deterioro de su estado de salud y la falta de atención médica en la prisión de Quivicán, donde cumplía condena.
Pérez, quien ha sido reconocido por su activismo firme dentro de las cárceles del régimen, presentaba desde el 27 de junio un cuadro febril persistente, acompañado de decaimiento, desmayos y signos de parálisis facial. A pesar de que las pruebas médicas iniciales como radiografías de tórax y un leucograma resultaron negativas, el prisionero continuó mostrando síntomas preocupantes que no fueron tratados de forma adecuada.
“El síndrome febril ya es prolongado. Tiene fiebre constante, mucho malestar, y no hay un tratamiento efectivo. Es hipertenso, diagnosticado por psiquiatría, pero no recibe medicamentos”, denunció a Martí Noticias la activista Layda Jacinto, madre de otro preso político, al confirmar su traslado al hospital penitenciario destinado a casos graves a nivel nacional.
El caso de Pérez ha sido reiteradamente denunciado por la organización Cubalex, que alerta sobre las condiciones inhumanas en las que se encuentra el joven y la negación sistemática de atención médica, en abierta violación de las Reglas Mandela sobre el trato a los reclusos.
Durante las protestas de julio de 2021 en el poblado de Vegas, en el municipio de Nueva Paz, provincia Mayabeque, Juan Enrique fue arrestado mientras portaba un cartel que decía: “era tanta el hambre que nos comimos el miedo”. El régimen lo condenó por presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje.
Conocido por su actitud de “plantado”, Pérez se niega a vestir uniforme de recluso, no acepta beneficios penitenciarios y mantiene una postura de resistencia activa dentro de la prisión.
Según el activista Marcel Valdés, quien ha seguido su caso de cerca, “la dictadura lo está dejando morir”. En publicaciones recientes, Valdés advirtió que la salud del preso político es crítica y que el régimen “no le da atención médica y lo somete a las peores torturas que puede vivir un ser humano”.
El deterioro físico del joven, reflejado en una alarmante pérdida de peso, episodios de desmayo y el desarrollo de una parálisis facial, ha sido interpretado por activistas como una forma de castigo deliberado por su activismo dentro de prisión.
A cuatro años del estallido social del 11J, la situación de Juan Enrique Pérez refleja el abandono, los abusos sistemáticos y la desprotección médica que enfrentan decenas de presos políticos cubanos, muchos de los cuales, como él, siguen pagando con su salud y su vida el precio de exigir libertad.
Régimen cubano intenta subir condena a preso político cubano Juan Enrique Pérez
En febrero de 2024, se dio a conocer que el preso político Juan Enrique Pérez enfrentó un nuevo intento de incriminación por parte del régimen, que trató de vincularlo con un supuesto hallazgo de drogas en su destacamento en la prisión de Melena del Sur.
Según el activista Marcel Valdés, que denunció el hecho por aquellas fechas, explicó que la acción se sumaba a una serie de represalias previas, como la colocación de objetos prohibidos en sus pertenencias. Pérez habría sido confinado días antes tras protestar en el patio del penal. Estas acusaciones infundadas responden a un patrón de represión sistemática contra opositores políticos, destinado a castigar su activismo y extender su tiempo en prisión mediante montajes judiciales.
