Donald Trump ha expresado su frustración por el ritmo de las deportaciones, que se encuentran muy por debajo de su objetivo de repatriar un millón de personas al año. Para cumplir con esta meta, la Administración ha propuesto el plan controversial de contratar cazarrecompensas privados que ayuden a localizar a los migrantes indocumentados.
La medida, filtrada por The Intercept, ha generado críticas debido a su posible impacto sobre las comunidades latinas y la legalidad de las acciones propuestas. Según el documento filtrado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está buscando empresas privadas que se encarguen de localizar a los migrantes.
La información enviada a estas empresas incluirá datos sobre 10.000 inmigrantes a la vez, con incrementos hasta llegar al millón. El objetivo de los cazarrecompensas será verificar las direcciones de los inmigrantes, y si las proporcionadas por el ICE no son correctas, deberán buscar nuevas fuentes de información, como lugares de trabajo, redes sociales, vehículos y otros datos relevantes.
Los contratistas también deberán usar tecnologías avanzadas, como el rastreo de teléfonos móviles, para localizarlos. El plan también contempla incentivos monetarios para las empresas contratadas. Se ofrecerán bonificaciones por encontrar la dirección correcta en el primer intento o por localizar un porcentaje elevado de objetivos en un tiempo determinado.
El Gobierno de Trump ha deportado alrededor de 400.000 personas este año, pero aún no ha alcanzado la cifra de un millón que se había propuesto.
Las prácticas del ICE en cuanto a la detención de migrantes también han sido objeto de críticas. En varias ocasiones, los agentes de inmigración han sido acusados de realizar arrestos sin identificarse adecuadamente, lo que ha generado desconfianza en las comunidades afectadas.
La alcaldesa de Brentwood, Maryland, Rocío Treminio-López, denunció que las redadas en su ciudad se realizan sin credenciales oficiales y que los agentes a menudo siguen patrones de perfil racial al detener a migrantes. En algunos casos, incluso se ha intentado arrestar a ciudadanos estadounidenses, como ocurrió con un joven que evitó ser detenido gracias a la intervención de sus vecinos.
Chuck Jordan, presidente del Sindicato Internacional de Cazarrecompensas, aclaró que los cazarrecompensas han estado involucrados en la detención de migrantes en algunas circunstancias, pero siempre dentro del marco de la industria de las fianzas.
Según Jordan, el ICE no ha contratado a cazarrecompensas para realizar detenciones indiscriminadas, sino que les paga por la información que proporcionen. Aunque la idea de pagar recompensas por capturar migrantes no es nueva, ha generado controversia. Algunos estados, como Misuri y Misisipi, han propuesto legislaciones para pagar a los ciudadanos por capturar inmigrantes indocumentados, aunque estas propuestas han sido rechazadas.
Sin embargo, la falta de identificación de los agentes y el uso de tácticas agresivas podrían intensificar la desconfianza en las instituciones encargadas de la inmigración.
