El ingeniero cubano Eduardo Enríquez Blanco reside ahora en Miami, tras haber formado parte de la represión contra las protestas masivas ocurridas el 11 de julio de 2021 (11J) en toda la Isla, informó el portal independiente CubaNet.
El joven, quien era empleado de la empresa estatal de tecnología del Ministerio del Interior, conocida como DATYS, abandonó su país en 2023 y logró ingresar a territorio estadounidense como refugiado, según confirmó una fuente a Martí Noticias.
Enríquez Blanco eliminó de sus redes sociales cualquier rastro de su vinculación con el régimen castrista, después de llegar a Miami. Su perfil de Facebook, ahora desactivado, mostraba al menos dos videos donde aparece en la ciudad al sur de Florida.
En una entrevista que dio en televisión cubana a raíz de las protestas del 11J, describió cómo se unió a la represión. Él relató que, tras escuchar el llamado del presidente Miguel Díaz-Canel a “combatir a los manifestantes”, se dirigió al lugar de los hechos y se colocó junto a los policías. “Me paré al lado del grupo de los policías y, cuando les vi las caras, muchachos todos más jóvenes que yo, fue lo que me convenció de que me tenía que quedar allí”, comentó.
Este relato de represión incluye también un incidente en el que Enríquez Blanco asegura haber sido herido por piedras y botellas lanzadas por los manifestantes. Sin embargo, el testimonio de una fuente cercana al joven revela que este había sido conocido por participar en protestas animalistas en Cuba antes de involucrarse en la represión del 11J.
A pesar de que los detalles sobre cómo logró salir de Cuba y llegar a Estados Unidos siguen siendo inciertos, la situación de Enríquez Blanco refleja una problemática más amplia: miles de jóvenes cubanos aún permanecen presos por participar en las manifestaciones del 11 de julio, mientras que figuras como él, que apoyaron la represión, disfrutan de las libertades del capitalismo en EEUU.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) actualizó recientemente su proyecto “Represores Cubanos”, el cual expone a individuos vinculados a violaciones de derechos humanos.
La FHRC ha identificado a 135 personas que ahora residen en ciudades estadounidenses, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad nacional. Según la fundación, muchos de estos represores habrían ingresado al país norteamericano bajo declaraciones falsas, lo que constituye un delito federal que pone en riesgo la integridad del sistema de justicia estadounidense.
Rolando Cartaya, coordinador de dicho proyecto, destacó que desde su creación en 2017, se han identificado a 1.130 individuos relacionados con crímenes de lesa humanidad en la Mayor de las Antillas.
