El Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, inició este miércoles 15 de mayo el esperado juicio contra los seis jóvenes acusados de participar en las masivas protestas registradas en Caimanera, el pasado 6 de mayo de 2023.
Según Radio Televisión Martí, familiares de los muchachos arribaron desde temprana hora a las inmediaciones de la sede judicial, donde la audiencia comenzó a puerta cerrada a partir de las 9:00 a.m.
Los implicados son Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva, enfrentando pedidos fiscales de nueve y seis años de privación de la libertad, respectivamente, por delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir.
Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González, Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, se encuentran en libertad condicional bajo fianza, con acusaciones similares que podrían llevarlos hasta seis años en una cárcel de la Isla.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los acusados y vocera de los familiares, compartió que no han sido informados sobre ningún cambio reciente y que el abogado les confirmó que la defensa está preparada.
“Es un juicio crucial donde esperamos justicia y la liberación de nuestros jóvenes, quienes solo ejercieron su libertad de expresión”, declaró Martínez, quien llegó a e expresar su inconformidad cuando se reprogramó el juicio, que estaba fechado para el 2 de abril de este año.
La madre dijo en esa ocasión que a uno de los muchachos en libertad condicional le notificaron la suspensión del inicio de las audiencias para que reportara a los demás. “No dieron ningún argumento, simplemente suspendieron el juicio, hay que esperar que vuelvan a citar”, comentó la señora en esa ocasión.
El día de la manifestación, cientos de residentes de Caimanera tomaron las calles para demandar a las autoridades una resolución a los cortes de energía, la escasez de alimentos y las deficientes condiciones del sistema de salud.
Los participantes en las protestas expresaron consignas como “Libertad” y “Patria y Vida”. El régimen cortó el acceso a Internet para evitar una propagación mayor a la convocatoria de salir a las calles, además de que las fuerzas militares llevaron a cabo actos de represión para disolver a la multitud.
En su Informe Anual sobre derechos humanos, Amnistía Internacional acusó al régimen de responder con “fuerza excesiva” a las protestas. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció las detenciones arbitrarias y la persistente represión en la Isla.
