Joven de La Pequeña Habana es sospechosa de atacar y amenazar de muerte a su exnovio

La joven Dayani Prieto tiene antecedentes penales por «uso de arma de fuego y robo». (Foto: Archivos del condado de Miami-Dade)

Dayani Prieto Fernández, una joven de 24 años residente en el barrio La Pequeña Habana, Miami, enfrenta cargos por supuestos ataques y amenazas contra su exnovio, informó Local 10.

Un informe sobre el arresto de esta mujer precisa que es sospechosa de actos relacionados con violencia doméstica, ocurridos a principios de este mes y a finales del año pasado en la ciudad de North Miami.

El pasado 30 de octubre, Prieto Fernández habría utilizado un vidrio roto para apuñalar a la víctima en la parte superior del brazo. Posteriormente, el 13 de enero, la mujer regresó al departamento de su expareja para agredirlo con bofetadas.

El informe indica que la residente en el popular barrio empleó su Jeep Wrangler 2015 para impactar el Hyundai Genesis 2016 de la víctima, quien recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de texto presuntamente enviado por la sospechosa.

Tras entregarse al Departamento de Policía de North Miami, la joven ahora enfrenta cargos por agresión agravada, agresión por delito menor en primer grado, amenazas escritas de matar o causar lesiones corporales.

Este caso se encuentra a cargo del juez de circuito de Miami-Dade, Lody Jean, quien emitió una orden de alejamiento a favor de la víctima de este caso a fin de salvaguardar su integridad física. La joven también tiene bajo proceso un caso de paternidad pendiente en el tribunal de familia que se presentó el 9 de diciembre de 2021, según muestran los registros judiciales.

Los archivos del condado de Miami-Dade indican que Prieto Fernández tiene antecedentes penales por uso de armas de fuego en 2022 y 2021, además de un hurto mayor y utilización de instrumentos falsificados en 2019. La joven podría recibir una sentencia de varios años de cárcel y una multa de miles de dólares por la amenaza de muerte, acto que el estado de Florida lo clasifica como un delito grave de segundo grado.

Las leyes del estado naranja señalan que un delito de ese tipo puede sancionarse con una sentencia de prisión máxima de 15 años y una multa que no exceda los 10.000 dólares. Los cargos se pueden emitir si las amenazas se enviaron a través de comunicación electrónica o una carta física, sin importar que se hayan realizado de manera anónima.