Bajo el principio de la jurisdicción universal, el juez federal de Argentina, Ariel Lijo, ordenó la captura del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra; y su esposa, Rosario Murillo Zambrana, informó AP.
La resolución también alcanza a otros altos funcionarios del actual gobierno de la nación centroamericana, señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde abril de 2018.
La denuncia fue interpuesta el 26 de agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte, junto a profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La querella acusa a Ortega Saavedra, Murillo Zambrana y su cúpula de crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
Ante la decisión del magistrado, Richarte calificó el fallo como un “hecho histórico” y destacó que representa un hito en materia de justicia universal. “Marca un antes y un después. El caso fue construido durante más de dos años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organismos internacionales”, explicó el experto en leyes.
El expediente original documenta violaciones ocurridas durante la represión de manifestaciones civiles, el encarcelamiento de opositores y la persecución de grupos vulnerables. Desde la presentación inicial, la demanda ha sido ampliada en siete ocasiones entre noviembre de 2022 y febrero de 2024.
La jurisdicción de la justicia argentina se ampara en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves, sin importar el lugar donde fueron cometidos. La postura del juez Lijo cuenta con el respaldo del fiscal Eduardo Taiano.
El fallo se basa en testimonios directos de víctimas y pruebas presentadas bajo reserva, además de informes de organismos internacionales y publicaciones de prensa. “Este tipo de decisiones buscan aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional en la defensa de la democracia”, enfatizó el abogado.
El pedido de captura representa un duro golpe diplomático para la pareja presidencial de Nicaragua, agregando presión sobre organismos multilaterales y gobiernos regionales para que adopten medidas más contundentes. La causa permanece abierta, y se espera que esta resolución impulse una mayor cooperación internacional contra el régimen sandinista.
El mes pasado, Ortega Saavedra presentó una reforma constitucional para consolidar su poder. La iniciativa busca instaurar la figura de “copresidentes”, asignando oficialmente el cargo a él y a su esposa, Rosario Murillo. La reforma también pretende ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años, afianzando el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ortega Saavedra, en el poder desde 2001, se ha mantenido gracias a fraudes electorales y la detención de opositores. En su reelección de 2021, obtuvo el 75.92% de los votos tras arrestar a sus principales contrincantes.
