La magistrada Zamira Marrero Morgado presidirá el juicio contra cuatro líderes de la masonería cubana, acusados de supuesto tráfico ilegal de divisas tras cambiar 300 dólares destinados a obras benéficas del Asilo Nacional Masónico Llansó.
La vista oral coloca nuevamente en el banquillo a la cúpula de la hermandad en un proceso que ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El tribunal de La Habana examinará las operaciones financieras realizadas por la institución para sortear la escasez de liquidez y adquirir suministros básicos para sus ancianos, en medio de un escenario de creciente presión gubernamental contra las asociaciones independientes.
Las transacciones bajo la lupa fiscal
De acuerdo con el expediente del caso, la Fiscalía imputa a José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat por transacciones ejecutadas a través del mercado informal.
La acusación sostiene que la institución masónica intercambió el equivalente a 300 dólares fraccionados en dos momentos distintos para resolver urgencias operativas y humanitarias.
Las peticiones fiscales contemplan hasta cuatro años de limitación de libertad para Viñas Alonso y penas menores para el resto de los procesados, acompañadas de sanciones económicas.
Por su parte, la defensa jurídica ha solicitado la absolución total de los acusados, argumentando que las operaciones se resolvieron de forma interna para adquirir leche en polvo destinada a los ancianos del asilo y medicamentos prioritarios para familiares de los miembros.
Un historial ligado a causas políticas
El tribunal encargado de impartir justicia estará encabezado por la magistrada Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este.
Su designación genera especial atención debido a su expediente en procesos de alto impacto social, entre los que destaca haber integrado los tribunales que juzgaron a manifestantes de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en La Güinera, con condenas severas.
Asimismo, la funcionaria judicial presidió recientemente el juicio contra la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, sancionadas a dos años de limitación de libertad por difundir en redes sociales la visita de un agente gubernamental, vestido de civil.
Este proceso judicial se enmarca en una prolongada disputa entre el Estado cubano y las organizaciones masónicas independientes.
Durante los últimos meses, la hermandad ha denunciado una escalada de presiones oficiales que incluye la congelación de cuentas bancarias de la Gran Logia, intentos de imposición de directivas afines a los intereses gubernamentales y la resistencia activa de la membresía en defensa de su autonomía, mientras la defensa insiste en que las acciones juzgadas respondieron exclusivamente a la supervivencia operativa de centros de asistencia social.
