Luego de que varios activistas cubanos compartieran los datos de los fiscales y jueces encargados de dirigir y representar los juicios de los manifestantes del 11 de julio, el sitio oficialista Cubadebate publicó un artículo donde las autoridades de la Isla rechazan “las campañas de descrédito” hacia el proceso realizado.
“Hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva”, dijo el presidente de la junta directiva de Unión de Juristas de Cuba.
Con privaciones de libertad de hasta 30 años, fueron condenados 127 ciudadanos por manifestar públicamente su derecho a la libertad. Sin embargo, esta organización del régimen califica los sucesos del 11J como “conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público”.
Representantes del Comité Central del Partido Comunista (PCC) también se declararon a favor de los jueces y aseguraron: “apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución”.
“Los fiscales han cumplido cada uno de las fases del procedimiento establecido. En los cuales se garantizan los principios básicos de la Constitución de la República de Cuba (…) Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles, dispuestos a cambiar la toga y el estrado, si fuera necesario por el fusil y la trinchera”, continúa diciendo el texto.
Además, comunica que se enfrentarán a cualquier intento de manipulación mediática, y que a todos los responsables de ello les “caerá todo el peso de la ley”.
Varias familias cubanas piden justicia por las decisiones tomadas contra los manifestantes. “Estas injusticias la van a pagar caro”; “Que donde quiera que vayan sepan lo que han hecho y quienes son”, se lee en varias publicaciones acompañadas de las fotografías y los nombres de los jueces.
La activista cubana Anamely Ramos también se unió al reclamo del pueblo mediante una publicación en su perfil en Facebook. “A los que andan diciendo que estas personas no les queda más remedio que hacer su trabajo (…) La primera responsabilidad es personal, por cuestión de humanidad y decencia”.
“Hay vidas perdiéndose ahora mismo. Basta ya de cobardía”, sostuvo la curadora de arte, a quien el pasado mes le negaron su entrada al país por órdenes de la dictadura cubana.
Por su parte, Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, escribió en Twitter en días pasados:
“¿Cuál es la catadura moral de quienes, desde el anonimato o la distancia, osan amenazar a los jueces cubanos? ¿Qué pretenden? ¿Quiénes así actúan son acaso personas decentes y de bien? ¿Quieren sembrar miedo? ¡Se equivocan!”.
Norges Rodríguez alertó que los jueces tenían miedo por esta iniciativa de la sociedad civil. “Aquí noto preocupación. Por eso hay que ponerle nombre y apellidos a los que ejecutan la represión y las violaciones de derechos humanos. #ProhibidoOlvidar”, dijo el CEO de la revista Yucabyte.
Aquí noto preocupación. Por eso hay que ponerle nombre y apellidos a los que ejecutan la represión y las violaciones de derechos humanos. #ProhibidoOlvidar pic.twitter.com/RlWMmrnPOa
— Norges Rodríguez (@norges14) March 19, 2022