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PERIÓDICO CUBANO

Asamblea Nacional de Cuba aprobó nuevo proyecto de Código de las Familias

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Asamblea Nacional de Cuba aprobó nuevo proyecto de Código de las Familias

Será sometido a “consulta popular” desde febrero hasta abril de 2022

El nuevo Código de las Familias establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. (Foto: Irene Pérez-Cubadebate)

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este martes el nuevo proyecto del Código de las Familias, que será sometido a “consulta popular” del 1ro de febrero al 30 abril de 2022.

Esta nueva versión, aseguró Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, “no fabrica ni impone modelos, es reflejo de la realidad cubana. Coloca a Cuba y su pueblo en una posición que capta las diferencias y las protege”.

La eliminación del matrimonio infantil y la aprobación del matrimonio igualitario son algunos de los elementos más notorios de la nueva normativa, que contó con 23 versiones tras un “amplio proceso de consultas”.

De tal forma, se entenderá el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor”. La capacidad de los individuos para formalizarlo “se alcanza a los 18 años de edad”.

Según el Código de las Familias vigente en la actualidad, el matrimonio es “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común”. Por otro lado, niñas de 14 años y niños de 16 pueden casarse con la autorización de sus padres.

Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), aseguró que el nuevo proyecto “contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y dominación, a la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes generaciones de los grupos familiares”.

Afirmó que la norma pretende “garantizar derechos de grupos de personas, cuyas realidades no fueron suficientemente comprendidas en los inicios del proceso revolucionario; a brindar derechos de otros grupos poblacionales que sí han sido protegidos; a garantizar más justicia y equidad”.

De esta forma, sostuvo la diputada, “no pondera ni impone modelos familiares, sino que garantiza el mandato constitucional relacionado con la protección de todas las familias por igual, sin que sea relevante la forma en la que se organiza”.

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