La eutanasia será un derecho básico de salud en España. Así quedó establecido en una ley promulgada por el Congreso de los Diputados y el Senado español que en votación dividida acordaron reconocer el “derecho a una muerte digna”.
La entrada en vigor de la ley está prevista para el mes de marzo de 2021 justo cuando se cumplen 20 años de debates públicos e iniciativas de ley que nunca pudieron ser exitosas hasta ahora.
Según el texto de la ley, aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause “un sufrimiento físico o psíquico intolerable” sin posibilidad de curación o mejoría tendrán la oportunidad de recibir ayuda médica para morir, lo cual estará refrendado como un derecho básico en el Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, el proceso estará lleno de trámites burocráticos con el objetivo de asegurarse que la voluntad de la persona es determinante.
Por ejemplo, la muerte asistida se debe confirmar hasta 4 veces durante el proceso que puede durar alrededor de un mes desde la primera vez que se hace la solicitud al Sistema Nacional de Salud.
La aplicación de la muerte asistida no será posible para aquellas personas que no tengan pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente de someterse al proceso, a menos que con anterioridad y estando en plenas facultades mentales haya firmado un documento ante notario, una especie de testamento donde solicite que su muerte si se cumplen ciertos supuestos.
La eutanasia está clasificada de diferentes formas: directa e indirecta según el accionar médico, voluntaria e involuntaria si se cuenta o no con el consentimiento del paciente.
La legalidad de la eutanasia varía. Por ejemplo, la eutanasia involuntaria (sin consentimiento expreso del paciente) es ilegal en todos los países. En cambio, la voluntaria es legal en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá.
