El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció que quienes importen un auto eléctrico a Cuba no tendrán que pagar impuestos siempre y cuando en la misma importación entren una estación de carga con paneles solares.
La estrategia tiene el objetivo de reducir el consumo de electricidad de la red nacional, cuya producción se hace con combustibles fósiles. Cuba sufre una severa crisis energética y desde hace tres meses no llegan hidrocarburos importados debido a las amenazas de Donald Trump a los proveedores internacionales.
Desde hace meses, una legislación permite que los vehículos eléctricos puedan ser importados con un arancel de solo 100 USD, mucho más bajo que los híbridos, que pagan 200 USD, y los de combustión, que deben abonar 300 USD. Además, los triciclos y motos que sean eléctricos también están permitidos bajo esta nueva política.
Sin embargo, si se importa una estación de carga de energía renovable, no se paga ese impuesto. No obstante, para garantizar el servicio técnico adecuado, se añade un cargo de 8 dólares por el servicio aduanal.
En cuanto a las compras dentro de Cuba, es posible adquirir vehículos eléctricos en divisas a través de comercializadoras autorizadas, con un 50% de descuento en impuestos. La nueva legislación también exige mayores controles en la importación de vehículos por personas naturales, lo que incluye garantías técnicas y repuestos.
Calamidades del transporte por la crisis energética en Cuba
La crisis energética ha golpeado duramente el sector del transporte en Cuba, que enfrenta una escasez crítica de combustible, piezas de repuesto y problemas de infraestructura. Como consecuencia de esta crisis, el gobierno cubano se ha visto obligado a tomar medidas drásticas que incluyen una significativa reducción en la frecuencia de los servicios de transporte.
El ministro explicó en la Mesa Redonda que el transporte en ómnibus nacionales ha visto una reducción drástica, con solo una salida diaria hacia y desde cada cabecera provincial, lo que ha mermado considerablemente la capacidad de movilidad.
El servicio ferroviario también se ha visto gravemente afectado, ya que los trenes nacionales ahora solo operan cada ocho días, lo que limita aún más el acceso a transporte en diversas regiones del país.
El transporte marítimo ha sufrido una disminución significativa en sus salidas, con el ferry reduciendo sus operaciones a solo dos veces por semana, realizando un total de 11 salidas, que han transportado a apenas 9.460 personas.
El servicio aéreo también ha experimentado ajustes, lo que ha generado un considerable inconveniente para aquellos que dependen de estos vuelos para movilizarse dentro del país.
La crisis energética ha provocado la paralización de la mayoría de las inversiones en infraestructura vial. Obras importantes, como las que se realizaban en Villa Clara entre Ranchuelo y San Juan de los Yeras, se han suspendido temporalmente, lo que afecta directamente al desarrollo del sistema de transporte del país.
Se ha intentado implementar soluciones para garantizar el traslado de sectores vulnerables, como los estudiantes y los pacientes de hemodiálisis. Sin embargo, estas soluciones han sido insuficientes.
En muchos casos, los pacientes han tenido que ser hospitalizados a tiempo completo, mientras que otros han sido trasladados en triciclos eléctricos a grandes distancias, lo que empeora su calidad de vida.
La crisis también ha afectado la capacidad del transporte de personal sanitario. Con solo 34 vehículos disponibles para el personal de salud en La Habana, la flota es completamente insuficiente para satisfacer la demanda.
